Hoy activistas de Greenpeace han denunciado en aguas frente a las costas de Castellón el despilfarro de dinero público que ha supuesto el proyecto Castor, un almacén de gas submarino clausurado sin ni siquiera entrar en funcionamiento.

Protesta frente al almacén de gas, Castor. Greenpeace/ Pablo Blázquez

Tres embarcaciones kayak junto al barco Arctic Sunrise se han situado junto a la plataforma desplegando pancartas con los mensajes "Castor, coste inútil” y “El medio ambiente importa”. La clausura del proyecto Castor se ha producido tras un intensa controversia por el fallo de los estudios de evaluación de impacto ambiental y provocar varios cientos de temblores sísmicos que han afectado a las localidades cercanas.

Una vez más, será la ciudadanía quien pague las políticas nefastas del gobierno del Partido Popular, que tras la clausura del almacén por los seísmos registrados, aprobaba el pasado año un Real Decreto por el que se fijaba una compensación de 1.350 millones de euros a la empresa ACS. El pago no se hizo esperar. Un mes después, el grupo presidido por Florentino Pérez recibía el importe total de la indemnización.

 
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Sin embargo, los ciudadanos tardaremos “un poco más” en deshacernos de esta deuda impuesta: 30 años necesitarán los consumidores de gas para pagar, a través de la tarifa, los casi 4.400 millones de euros que suman el gasto de compensación más los 101 millones anuales de interés.

Este gasto inútil resulta indignante teniendo en cuenta los recortes brutales sufridos en servicios básicos: el importe gastado en el Castor serviría por ejemplo para conceder 11 millones de becas escolares de comedor, o para la construcción de 40 hospitales con capacidad para atender a 100.000 personas.

En esta ocasión, el Gobierno también ha hecho oidos sordos a las fuertes movilizaciones de personas que alzaban la voz contra el almacén Castor, despues de vivir seísmos de hasta casi 4 grados en la escala Richter.

Protesta frente al almacén de gas, Castor. Greenpeace/ Pablo Blázquez     
El proyecto Castor refleja las consecuencias de seguir apostando por un modelo energético caduco y propio del siglo pasado basado en la quema de hidrocarburos. En un pais que cuenta con unos 26.000 MW de centrales de ciclo combinado prácticamente paradas, y con escasas perspectivas de que su situación cambie en el futuro, no parece muy acertado en seguir fomentando el uso del gas. Los más de mil millones de euros dilapidados en este almacén, se tendrían que haber invertido en eficiencia y desarrollo de energías renovables con el fin de alcanzar la tan anhelada independencia energética y poner freno al cambio climático.

Marta González (@mar_ta80) y Julio Barea (@juliobarea) miembros del equipo de campañas de Greenpeace España

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