La actual política del gobierno de Brasil, liderado por el Presidente Temer y apoyado por el lobby de la potente agroindustria brasileña (conocidos como “ruralistas”), está poniendo en riesgo décadas de avances en materia de protección ambiental y de derechos humanos.
Por este motivo, organizaciones y entidades ecologistas, indígenas, de derechos humanos y del campo han tomado la decisión de sumar sus fuerzas para hacer frente a las medidas del gobierno Temer y de la bancada ruralista en el Congreso. Denunciar y resistir son las palabras que unen a este movimiento. Ayer se lanzó un manifiesto convocando a otras entidades e invitando a toda la sociedad a adherirse al movimiento. Hasta el momento, unas 60 organizaciones ya han firmado el documento.
En Brasil, los ataques a la agenda socioambiental no son recientes, pero el debilitamiento de los sistemas de protección del medio ambiente y de los derechos humanos crece exponencialmente desde que Temer asumió la presidencia de Brasil y la bancada ruralista pasó a ostentar una gran parte del poder en el Congreso.
Temer ha recortado el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y ha despedido al Presidente de la Fundación Nacional Indígena (FUNAI), colocando en su lugar a un militar como forma de mostrar la nueva visión en cuestiones indígenas. Cabe recordar también que, junto con el crecimiento de la deforestación, 2016 registró dos tristes récords: el número de muertes en el medio rural y el número de conflictos por la propiedad de la tierra. Sin contar las barbarie más recientes, como el brutal ataque al pueblo indígena Gamela (en Maranhão) y la matanza de trabajadores rurales en Colniza (Mato Grosso).
¿Y cuáles son las áreas de mayor conflicto? Precisamente las áreas de expansión de la frontera agrícola, especialmente las del agronegocio destinado a la exportación (soja, ganado), pero también las zonas mineras, los proyectos de generación de energía y otras obras de infraestructura.
Varios procesos de demarcación de tierras indígenas han sido rechazados por el Ministerio de Justicia y se encuentran actualmente paralizados. El ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, que es investigado por su participación en el caso Lava Jato (el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil) y también por usurpación de tierras en Mato Grosso, está negociando la reducción de Unidades de Conservación en la Amazonia y ahora apoya un desastroso texto que puede reducir a casi cero las reglas de autorización ambiental en Brasil. Miembros del gobierno han anunciado otras medidas como autorizar la venta de tierras al capital extranjero y autorizar el uso indiscriminado de agrotóxicos.
Esta nueva política promovida por la bancada ruralista se está traduciendo en una mayor concentración del poder en torno a la agroindustria, la inviabilidad económica de los pequeños productores rurales y la promoción del robo de las tierras públicas además de alejar a Brasil del cumplimiento de sus compromisos internacionales como el Acuerdo de París o el Convenio de Diversidad Biológica.
Hasta ahora, muchas de estas propuestas estaban paradas por falta de apoyo popular o incluso por ser contrarias a la Constitución, pero ahora la bancada ruralista está forzando la máquina para llevar a cabo su plan en el parlamento a velocidad récord, a través de medidas provisionales, decretos y votaciones urgentes. Ni siquiera los derechos garantizados por la Constitución están a salvo.