Imagina que un día cualquiera te despiertas, y tienes que huir de tu hogar. Te marchas con poco más que tu ropa a la espalda y sin saber que lo haces porque ha habido un accidente nuclear. Tu vida tal y cómo la conocías no volverá jamás, quizás tú tampoco. De un día para otro, sin haberlo elegido, pasas a ser un refugiado nuclear.



A esta dramática situación se enfrentan muchas de las más de 160.000 personas que  huyeron de la radiactividad tras el desastre de Fukushima del 11 de marzo de 2011. De ellas, 145.000 fueron evacuadas forzosamente o aconsejadas a irse por el Gobierno, que estableció unos criterios de evacuación basados en opiniones subjetivas en lugar de en cálculos concretos. Aquellos habitantes que se quedaron fuera de estos criterios pero decidieron marcharse por miedo a la radiactividad se llevan la peor parte. Son los denominados auto-evacuados, no aparecen en las estadísticas oficiales ni pueden contar prácticamente con el apoyo de las autoridades.

Volver para vivir en áreas contaminadas
Cinco años después del accidente, el Gobierno pretende que 55.000 de las 100.000 personas que aún están evacuadas hayan regresado a sus hogares en 2017. Para ello, el Gobierno ha determinado que el nivel de radiación “seguro” para volver sea 20 veces superior al que recomiendan los estándares internacionales y al límite fijado en Chernóbil, asumiendo así riesgos innecesarios y respondiendo más a sus propios intereses económicos que a la seguridad ciudadana. Tampoco tiene en consideración que la radiactividad afecta de forma diferente a hombres que a mujeres o a bebés que ancianos, dando una misma norma para casos diferentes.

A pesar de los exhaustivos pero ineficaces trabajos de descontaminación, las personas evacuadas se ven obligadas a regresar a las zonas contaminadas y a aceptar exponerse a niveles elevados de radiación en su vida diaria.

Además estas políticas de regreso forzoso se han establecido de espaldas a la población, sin la participación activa, directa y efectiva de las personas afectadas.



Apoyo económico insuficiente
Otra medida más obliga a las personas a regresar: en 2018 se cortarán las ayudas económicas. Las encuestas realizadas por la Agencia de Reconstrucción que trabaja para el Gobierno de Fukushima muestran que menos del 15% de los residentes desean volver. Estas cifras ponen en relieve la discrepancia entre la política japonesa y los deseos de la población afectada.

Las ayudas económicas que han recibido los afectados hasta la fecha se han caracterizado por tener unos procesos de solicitud poco transparentes y muy complejos y por ser cantidades muchas veces irrisorias. Por ejemplo, Masumi Kowata de Okuma recibió una oferta de tan sólo 6.000 dólares estadounidenses por la casa en la que su familia había vivido durante varias generaciones.

Al final de todo esto, quién termina pagando el desastre es la población. TEPCO, la empresa propietaria de la central, solo está obligada a pagar mil millones de dólares, frente a los 80.000 millones que se estima que suponen los gastos derivados del accidente. El resto es pagado por la ciudadanía japonesa, puesto que la empresa se nacionalizó tras el accidente al no poder afrontar los costes.

Cambios sociales
Miles de personas han perdido sus hogares, tierras y medios de vida. Generaciones de familias que una vez vivieron juntas, están ahora separadas y puede que no vuelvan a reunirse. Relaciones comunitarias totalmente fulminadas a golpe de energía nuclear. Esto, sumado a la falta de información de la población, comunicaciones gubernamentales contradictorias, preocupación por los efectos de la salud y una indemnización injusta por las pérdidas incrementa drásticamente el estrés, el miedo, la ansiedad y los efectos en la salud mental. Esto ha provocado que gran parte de la ciudadanía japonesa se replantee la que una vez fue una relación respetuosa con las autoridades estatales y expertos. Fukushima ha cambiado las relaciones sociales de la sociedad japonesa.

Japón ha visto un aumento en la protesta ciudadana y una nueva iniciativa conocida como “ciudadanía científica”, en la que los ciudadanos han empezado a vigilar la radiación y establecer redes para compartir sus conocimientos.

Más allá de los efectos ambientales y humanos, el accidente de Fukushima es una flagrante violación de los derechos humanos. Es nuestra obligación garantizar que no se vuelva a dar tanta destrucción y miseria. Un modelo 100% renovable es seguro y posible. Japón reaccionó tras el desastre nuclear: la oposición pública a la energía nuclear es cada vez más fuerte y crece el apoyo a las fuentes de energía renovable. Desde entonces ya ha encargado 85.500 megavatios de renovables.

¿Qué puedes hacer tú?
Firma  y pídele al Gobierno de España que no renueve las licencias de las centrales nucleares en nuestro país. No podemos permitir un nuevo ‘Fukushima’ ni dejar el regalo envenenado de los residuos nucleares a las siguientes generaciones.