El CETA, el controvertido acuerdo comercial entre la UE y Canadá, sufrió ayer un nuevo revés cuando los ministros de comercio de la UE, reunidos en Luxemburgo, no pudieron dar luz verde para su aprobación. Para poner música a su fracaso, activistas de Greenpeace se sumaban ayer a numerosas organizaciones sociales y sindicatos de toda Europa para protestar en contra del acuerdo.


 
Si bien es cierto que ha sido el no del parlamento de la región belga de Valonia quien ha provocado esta demora, la actual situación política en torno a este tratado no hubiera sido posible sin la movilización social contra estos acuerdos comerciales de nueva generación, como el TTIP y el TISA. Estas movilizaciones han provocado un gran dolor de cabeza a las delegaciones negociadoras y han generado muchas preocupaciones entre las élites políticas y económicas.

Después de años de negociaciones secretas y el intento de última hora de acompañar el texto del CETA con una declaración conjunta para intentar tapar las grietas del acuerdo, no es de extrañar que el CETA no tenga un apoyo político unánime. Los desacuerdos entre los ministros muestran lo alejados que están estas élites de las preocupaciones de sindicatos, asociaciones de consumidores, movimientos ecologistas, agricultores y diversos sectores económicos afectados por este acuerdo.

Pero esta demora en la aprobación del CETA no puede ser un tiempo perdido. Es el momento de dar al botón de reinicio y poner a la gente, la salud y la protección del medio ambiente en el centro de la política de comercio.


 
Los parlamentarios de la región belga de Valonia van a sufrir grandes presiones en los próximos días. Habrá un nuevo intento de aprobar el CETA el viernes. Si esto se produjese, el CETA entraría en vigor de manera “provisional” después de la aprobación del Parlamento Europeo, votación que podría producirse a finales de 2016 o comienzos de 2017. Sin embargo, es de esperar que en esta aplicación provisional se excluya el polémico ICS, o Sistema Judicial de Inversiones, sistema judicial paralelo que ha sido cuestionado ampliamente desde diversos ámbitos europeos. El pasado lunes 17 de octubre, más de 100 profesores de derecho pertenecientes a 24 países de la UE firmaron un manifiesto en contra de este sistema de tribunales de arbitraje afirmando que este sistema de protección de los inversores y empresas es innecesario y supone una amenaza a la democracia y los intereses públicos.
 
El pasado sábado, en más de 50 ciudades del estado español, cientos de miles de manifestantes gritaron que no quieren que estos tratados sigan profundizando en la desigualdad, la exclusión, la pobreza y el deterioro del planeta. Hay que seguir.