Es justo decir que cuando se trata de obtener acceso a los recursos pesqueros del Pacífico, el poder triunfa sobre la belleza casi siempre. Tomemos por ejemplo Kiribati, un impresionante atolón isla en el Pacífico con poca tierra firme, pero rodeado de aguas que contienen el pez más valorado de la región: el atún (Kiribati depende en gran medida de los ingresos por las licencias de pesca para mantener sus escuelas y hospitales en funcionamiento).

Ahora entran en escena los negociadores de la Unión Europea (UE) y, siguiendo sus pasos, los empresarios y representantes de asociaciones de pesca de España y otros países de la UE. Vienen a Kiribati porque sus aguas están sobreexplotadas. La flota pesquera española incluye algunos de los mayores y más avanzados buques de pesca en el mundo. Estos buques son capaces de capturar en un viaje más de lo que pueden capturar algunos países insulares con sus flotas locales en un año.

Cuando se trata de negociaciones la industria pesquera de la UE quiere un acuerdo en el que pague poco y consiga mucho a cambio. Los negociadores de la UE aprietan y con frecuencia pagan menos de la tasa por tonelada de atún capturado establecida y pocos de los beneficios permanecen en el estado costero. De hecho, hasta hace poco, la mayoría de los acuerdos pesqueros sólo produjeron un 6% de retorno a los estados costeros del Pacífico.

Afortunadamente, este porcentaje ha aumentado gracias a que los países insulares del Pacífico se han unido en un frente común y exigen un rendimiento mayor y más justo. También se ha adoptado un nuevo acuerdo regional para limitar el esfuerzo de pesca que debe ser respetado por todos los que quieran pescar en la región. Pero lo que es una buena noticia para los estados insulares se ve como una mala noticia para la industria pesquera de la UE, por lo que la industria busca continuamente nuevas maneras de eludir el pago de un precio justo.

En el último giro de la historia del saqueo de los caladeros de atún, la UE negoció un acuerdo pesquero con Kiribati el año pasado, el cual permite a un total de 10 buques de pabellón español pescar en Kiribati (4 cerqueros y 6 palangreros). Como siempre, los detalles del acuerdo son complejos con muchos 'peros'. Sin embargo, el acuerdo de la UE no hace referencia explícita al régimen de días de pesca por barco (VDS en sus siglas en inglés) acordado regionalmente, que ha sido adoptado por ocho naciones insulares del Pacífico conocidas como Partes del Acuerdo de Nauru (PNA) del que Kiribati es miembro. El VDS es importante porque limita los días de pesca y asigna los días de acuerdo a la cantidad de atún disponible de forma sostenible. Una vez que cada país o zona de pesca alcanza sus días asignados tienen que cerrar esa zona a la pesca con el fin de no sobrepescar del atún.

Sin embargo, el acuerdo pesquero de la UE con Kiribati no requiere que sus barcos apliquen el esquema regional. Y debido a que Kiribati aún no ha implementado este esquema en sus leyes nacionales, los barcos españoles de cerco pueden pescar tantos días al año como quieran, sin obligación de cumplir con los límites sostenibles en su esfuerzo pesquero. Tampoco tienen que cumplir con otras medidas de conservación regionales y nacionales como la de no pescar en aguas internacionales de los PNA o en la reserva marina en aguas de las Islas Phoenix (Kiribati).

Por si esto no fuese suficiente, el hecho de que los barcos europeos no estén limitados en el número de días de pesca, o en la práctica en la cantidad de atún que pueden pescar significa que se marchan con un precio de ganga por la oportunidad de pescar. Los países de la región han acordado recientemente un precio regional de referencia de 6.000 dólares por cada día en el mar. Pero si las operaciones de pesca de la UE en estos últimos años se conviertiesen al equivalente en días, los dueños de los barcos europeos estarían pagando una cantidad estimada equivalente a 3.600 dólares por día.

Sólo se puede especular sobre lo que pasó en la sala de negociación para convencer a Kiribati a firmar un acuerdo tan desfavorable: o bien la presión a los funcionarios de Kiribati por parte de la industria o de los funcionarios de la UE era demasiado intensa u otros beneficios endulzaron el acuerdo tentando a los funcionarios de Kiribati a dar un precio de ganga por los recursos de atún del país.

El Comité de Desarrollo del Parlamento Europeo ha reconocido los fallos dentro de la negociación y ha emitido recientemente una recomendación contraria al actual acuerdo UE-Kiribati argumentando que es contrario a las obligaciones de la UE como agente de cooperación al desarrollo. Los miembros del Parlamento Europeo también han sido muy críticos con el acuerdo, instando a la UE a pagar por cada día de pesca en el Pacífico. Se espera que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo emita su dictamen en octubre.

Desde Greenpeace creemos que se debe rechazar el acuerdo, a menos que la UE y Kiribati acuerden aplicar el régimen de días de pesca y que establezcan un precio apropiado por la oportunidad de pasar días en el mar en esta pesquería tan lucrativa.

La pelota también está en el Tribunal de Kiribati, que debe asegurar que las flotas que autorizan a pescar paguen el precio mínimo por días de pesca acordado en la región y que finalmente acaten las normas aceptadas regional e internacionalmente como el sistema VDS y el cierre de las aguas internacionales de los PNA al cerco.

El Acuerdo UE/Kiribati de un vistazo:

  • La UE paga 1.325 millones de euros al año - que  son alrededor de 1.895.000 dólares australianos, la moneda local de Kiribati.
  • El 26% de esto (es decir, 350,000€ al año) se destina a apoyar la política pesquera de Kiribati. El resto, es decir, 975.000€ está vinculado a una captura propuesta de 15.000 toneladas por año y Kiribati puede utilizarlo como prefiera.
  • Si la cantidad total de las capturas de la UE supera la propuesta de 15.000 toneladas, la contribución financiera anual de la UE aumenta en 250€ por tonelada para las primeras 2.500 toneladas adicionales y de 300€ por tonelada para las siguientes.
  • Además, los armadores tienen que pagar una cuota por la licencia de pesca, que se fija en 35€ por tonelada capturada.

 

Elvira Jiménez, responsables de la campaña de Océanos de Greenpeace


- Informe: El largo viaje del Atún