El pasado fin de semana los fotógrafos más osados nos dejaban imágenes impresionantes del temporal que azotaba la parte norte de España, el cual obligó a activar la alerta roja de riesgo extremo en Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco. Ese temporal provocó olas de hasta 13 metros y un viento de hasta 179 km por hora.
Muros y estructuras junto a los puertos han quedado destrozados, y numerosos negocios y locales arrasados. Se estima que el número de siniestros causados por el temporal en toda la cornisa cantábrica asciende a unos 1.600, y la previsión de daños puede superar los 20 millones de euros en desperfectos.
Mientras ahora se decide si se declara zona catastrófica a las comunidades afectadas por el temporal, el Partido Popular, aprobaba el pasado mayo la nueva ley de costas, que abre las puertas a la ocupación urbanística de 80 jugosos metros de litoral, para aquellos municipios que, a través de la Disposición transitoria primera de la norma, así lo soliciten. El pasado diciembre ya os contábamos que 100 de los casi 500 municipios con costa en nuestro país habían pedido ya la reducción de la protección.
Podría ser una buena oportunidad para estos ayuntamientos, sino fuera porque el nombre que le han dado, “Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral”, está muy lejos de llevarnos a una preservación de nuestra costa, pues ni siquiera el mar, con el temporal de esta semana, parece que esté dispuesto a cumplir la nueva ley de costas, ocupando con su oleaje esos metros de mar abiertos ahora a la presión urbanística.
La nueva ley de costas, con su aplicación, podría incumplir además la normativa comunitaria de protección ambiental, que el Estado español está obligado a cumplir: la Directiva Marco del Agua, la de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundaciones, o la Directiva de Evaluación de las Repercusiones de Determinados Proyectos Públicos y Privados sobre el Medio Ambiente, entre otras.
La nueva ley, además de aumentar los riesgos sobre las poblaciones costeras y propiciar la destrucción del estado natural del litoral, va a exigir la realización de grandes obras artificiales de protección y/o de vertido masivo de áridos frente a la acción del mar, inasumibles ambiental y económicamente por el Estado.
Es paradójico que la propia Ley, que ignora la magnitud del problema del cambio climático, incluya “la exigencia de que los proyectos para la ocupación del dominio público vayan acompañados de una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático”. La Ley debería incluir una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático en la costa española en los próximos 75 años.
El mar ya nos está avisando...
Marta González, campaña de Océanos de Greenpeace
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