Cuando suceden episodios contaminantes tan grandes como el del Golfo de México, una de las cosas que ocurren es que el paso del tiempo nos da las explicaciones que nos faltan. Poco a poco empezamos a tener evidencias de que lo poco que tienen de accidental y lo mucho que tienen de “crónica de una muerte anunciada”.

Por ejemplo, el vertido provocado por BP, tuvo sus responsables y sus cómplices. No se dejó nada a la casualidad, todo tuvo su porqué. Se provocó el vertido porque los sistemas de seguridad no funcionaron, porque nadie los mantenía en condiciones, porque decidieron no prestar atención a las señales de alarma que se produjeron a lo largo del día de la explosión y porque ya llevaban acumulados una larga serie de comportamientos negligentes en la Deepwater.

Y pudieron hacerlo porque la administración se lo permitió, porque el organismo federal al cargo les concedió la autorización sin que obtuviesen previamente los permisos requeridos por varias leyes de protección ambiental.  Y todavía continua el vertido de crudo porque el plan de emergencia era pura ficción, con datos falseados y recursos inexistentes.

La segunda cosa que pasa es que pensamos que son casos aislados. ¿Cómo es posible acumular tanta negligencia y tanta “tolerancia” administrativa? Pues para no ser menos, en España tenemos nuestro propio “golfo”.

Tenemos vertidos, dos, el 15 de mayo y 23 de junio de 2009, en Tarragona, a pocos kilómetros del Delta del Ebro. Tenemos empresas “supuestamente responsables” - la investigación sigue abierta- , también dos, una de Estados Unidos y una muy nuestra, Repsol. Estas dos empresas, supuestamente, no consideraron importante avisar a las autoridades de los vertidos. Y tenemos administraciones permisivas, sí, dos direcciones generales del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y algunos organismos de la Generalitat de Catalunya. En 2009, el Ministerio de Medio Ambiente entendió que el riesgo de vertido, la sensibilidad medioambiental de la zona potencialmente afectada y la cercanía a un corredor de migración de cetáceos no era suficiente para exigirles a los promotores un Estudio de Impacto Ambiental. Las recomendaciones de la Sociedad Española de Cetáceos fueron ignoradas, eran incómodas y no venían bien.

Da para una novela, con trama política y empresarial...¿no se llegó a rumorear que hubo ceses, meses después de los vertidos, relacionados con la contundencia con la que actuó denunciando a la empresa?

Sara del Río, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace