El Ministro de Industria, Miguel Sebastián, es un hombre sin papeles. No estamos hablando de un caso de inmigración ilegal. Es otra cosa. Pensábamos que Sebastián era un ministro de Industria de un país europeo, pero resulta que no, que es ministro, eso sí, pero, al menos en su mundo particular, de una República Bananera.

Sucede que, después de resistirse varios meses a entregar a la Audiencia Nacional los informes técnicos y de seguridad del cementerio nuclear centralizado (ATC) y de su centro de experimentación asociado (documentos solicitados por Greenpeace), el Ministerio de Industria ha terminado por reconocer ante este alto tribunal que esos importantísimos documentos NO EXISTEN.

Estos documentos son: Proyecto Técnico del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, Estudio de Seguridad del ATC, Proyecto Técnico del Centro Tecnológico Asociado al ATC para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, Estudio de Seguridad del Centro Tecnológico y los Informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo. El Ministerio dice disponer sólo de un “estudio de seguridad del diseño genérico del ATC, en  inglés, elaborado por la ingeniería francesa SGN”. Todo ello figura en la Providencia de la Audiencia Nacional de fecha 7 de octubre, que ha sido conocida hoy por Greenpeace.

Es por tanto obvio que el Ministerio de Industria inició el proceso que debía terminar con la construcción del cementerio nuclear y de su centro tecnológico de experimentación nuclear asociado a sabiendas de que no disponía de la documentación técnica y de seguridad básica para comenzar el procedimiento.

O sea, que el Ministerio de Industria mintió, y que al final, como decía Greenpeace, nadie, ni los alcaldes de los pueblos que se han postulado como candidatos a albergar el cementerio nuclear, ni los parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado o de los parlamentos autonómicos, pudieron ver estos documentos antes de que el Ministerio de Industria pusiera en marcha el proceso del ATC. Pero después tampoco, pues no existen. Surrealista, por no decir otra cosa.

La inexistencia de esos informes, fundamentales para poder conocer y entender el proyecto, demuestra claramente que el proceso del ATC es ilegal, pues vulnera los principios jurídicos contenidos en el Convenio Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en vigor en nuestro país desde el 29 de marzo de 2005, con rango de Ley.

Carlos Bravo, responsable de la campaña de Nuclear de Greenpeace

Más información:
- Auto Audiencia (inexistencia documentos)
- Auto Audiencia (solicitando entrega documentos para Greenpeace)
- Solicitud documentos
- Noticia: La Audiencia Nacional confirma a Greenpeace que no existen los informes técnicos y de seguridad del ATC
- Campaña de Nuclear de GP