Imagina que tienes un pequeño negocio, por ejemplo una panadería. Tu negocio va muy bien, porque todo el barrio compra el pan en tu establecimiento. Un día, te enteras de que va a entrar en vigor una nueva normativa europea de protección del consumidor, por la que ciertas levaduras dejarán de estar permitidas a partir del año 2020. Por suerte, tú no las utilizas, y siempre has hecho los mejores panes del barrio.



Pero a las grandes panificadoras sí que les afecta: tendrán que cambiar los ingredientes de sus panes, o no podrán seguir vendiéndolos. Ante esa tesitura, lo normal es que, para continuar con su negocio, inviertan en las modificaciones necesarias para poder seguir funcionando. Y que empiecen cuanto antes a hacer bollería y panes de molde sin esas peligrosas levaduras. Al fin y al cabo, sus clientes saldrán ganando. Si no lo hacen, se arriesgan a que otras panificadoras que sí cumplan la normativa les pisen los clientes y que su negocio se vaya al garete.

Pero imagina que esas grandes panificadoras que no cumplen la nueva normativa forman un cártel, se plantan en el ministerio y le dicen que, si quieren que cambien de levaduras, les tienen que subvencionar la inversión necesaria para el cambio. Y si no, dejarán a la ciudad sin pan. El ministerio les dice que las que tengan dificultades para el cambio, se apunten en una lista, y que quedarán exentas unos años de cumplir la normativa. Pasan esos años y le vuelven a plantear el mismo chantaje: o subvención o no hay pan. ¿Qué debería hacer el Gobierno: ceder al chantaje para que las panificadoras sigan con su negocio sin aplicar la normativa, perjudicando a los consumidores, o aplicarla y aquellas que no cumplan tendrán que cerrar, sabiendo que ya hay panaderos como tú que hacen pan sin esas levaduras tóxicas?

La verdadera historia no va de panes (qué alivio para los que nos gusta desayunar unas buenas tostadas con tomate), sino de energía. En realidad, donde dice panes debe decir electricidad, las grandes panaderías del cuento son las viejas centrales térmicas en la vida real, las levaduras tóxicas el carbón que queman para producir la electricidad, y el cártel de panificadoras es el oligopolio de las grandes empresas eléctricas.

La verdadera historia es que las eléctricas (esas mismas con beneficios astronómicos con los que pagan a sus directivos sueldos de escándalo) sabían desde hace años que sus centrales térmicas de carbón emiten contaminantes muy dañinos para la salud y el medio ambiente, que una normativa europea establecía nuevos límites más estrictos de emisión de contaminantes que entrarían en vigor en 2020, que se les permitió apuntarse en una lista (Plan Nacional Transitorio) para poder seguir más años quemando carbón como si nada, que TODAS las centrales españolas de carbón se apuntaron a esa lista y que, ahora que se acaba el plazo, se dan cuenta de que las inversiones necesarias no hacen rentable seguir quemando carbón, PERO en vez de cerrar esas centrales, deciden chantajear al Gobierno para que les subvencione las inversiones para seguir quemando carbón otra década (o más). Sería la forma de alargar la vida de unas centrales que necesitamos cerrar para proteger nuestra salud y evitar su gran contribución al cambio climático.

En realidad, las eléctricas no dicen abiertamente lo que piensan hacer. Simplemente se plantean cerrar las térmicas de carbón cuyas inversiones no les saldrían rentables, pero dejan la puerta abierta a, si alguien se lo paga, mantenerlas en funcionamiento. ¿Y quién es ese alguien? Pues tú, sufrido consumidor o sufrida contribuyente. Porque si el Gobierno cediese al chantaje de las eléctricas (chantaje, porque el oligopolio puede amenazar al país con dejarnos sin luz, ya lo hacen con miles de personas que sufren pobreza energética), la subvención solo puede salir de dos sitios: o del bolsillo de los consumidores por una subida de la factura de la luz, o del bolsillo de los contribuyentes por una subida de impuestos.

Seas tú consumidora o tú contribuyente quien pague, el oscuro mecanismo de subvención podría ser a través de una rimbombante y misteriosa figura, llamada “pagos por capacidad”, por la que se permite subvencionar a las eléctricas por las centrales que tienen construidas, aunque no sean necesarias, “por si acaso” alguna vez hay que ponerlas en funcionamiento.

Pues bien, en Greenpeace tenemos serias sospechas de que se está gestando ese oscuro pacto entre las eléctricas y el Gobierno, siempre tan bien conectados con sus puertas giratorias. Se lo preguntamos al Secretario de Estado de Energía, y su respuesta fue: “¿Y a vosotros qué más os da quién lo pague?, con tal de que reduzcan sus emisiones...”

Y a ti, ¿te da igual quién pague? ¿Te parece aceptable que tengamos que subvencionar a las eléctricas para que cumplan con una normativa que es obligatoria en toda Europa?

Si te indigna como a nosotros, firma para que exigir al Gobierno que no ceda al chantaje de las eléctricas y que, en vez de darles más subvenciones, les obligue a cerrar todas las tèrmicas de carbón que no cumplan la normativa. Lo queremos ver plasmado en la próxima ley de cambio climático y transición energética.