En 2011 nada se sabía de la reforma de la Ley de Costas cuándo el Partido Popular accedía, con mayoría absoluta, al Gobierno del Estado. Con una productividad impresionante, en menos de dos años habían rematado la Ley de Costa. Poco pudimos hacer para mejorar el texto. Hasta una enmienda en el Senado, introducida en el último momento por el PP, incluía casi como de risa un párrafo para que la Ley incluyese, por lo menos, la palabra cambio climático.



Una Ley de Costas muy alejada del medio ambiente. Ni se nombra la palabra ecosistema ni se nombra la palabra paisaje. El fundamento de la Ley era claro, bajo la excusa de solventar las injusticias acaecidas sobre muchos propietarios pequeños, el objetivo era la manga ancha para los grandes terratenientes.

Algunos los denunciamos en nuestro informe, Amnistia a la Destrucción donde evidenciábamos que el Grupo Matutes tiene posesiones diversas en zonas salineras o en Formentera.

Ayer el Tribunal Constitucional, tumbaba parcialmente la Ley. Especialmente en lo referente a lo que denunció Greenpeace en su día: la rebaja en la protección ambiental de la costa. La Ley aprobada en mayo de 2013, desprotegiendo para siempre las salinas que albergan una avifauna importantísima y una de las últimas joyas sin urbanizar del Mediterráneo, la isla de Formentera.



Y un importante tirón de orejas:
(La Ley) “Sacrifica así arbitrariamente los valores vinculados al artículo 45 de la Constitución Española, toda vez que el principio de protección y mejora del medio ambiente adecuado al que sirve el dominio público del litoral pierde todo su vigor en aquellas zonas excluidas por la exclusiva voluntad del legislador”.

Sin embargo la sentencia permite recortar la servidumbre de protección de la costa. Elementos que ya están disfrutando la papelera de ENCE en la ría de Pontevedra que, gracias a esta nueva Ley, se queda contaminando el litoral y a sus vecinos por decenas de años más.



Es una victoria parcial, sin duda, y el momento de que los partidos políticos apuesten en sus programas por la derogación definitiva de esta Ley. Y comenzar a partir de enero de 2016 un verdadero proceso participativo y democrático para desarrollar una mejor protección de nuestra costa que sirva para amortiguar los efectos del cambio climático. La Ley de Costas, afortunadamente, está tocada y hundida.