Hace veintitrés años, Hispano-Francesa de Energía Nuclear S.A. (Hifrensa), que operaba la central nuclear de Vandellòs 1, ignoró repetidamente el requerimiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de continuar el proceso de reevaluación de la seguridad de la central, en virtud del cual había que implantar con carácter de urgencia cinco modificaciones imprescindibles desde el punto de vista de la seguridad. El CSN, en una demostración de la connivencia con la industria nuclear que todavía rige su actuación, permitió que Vandellòs 1 siguiera funcionando a pesar de tan peligrosa y flagrante desobediencia. El 19 de octubre de 1989, se produjo un incendio en las turbinas de Vandellòs 1 que provocó la caída de la mayoría de los sistemas de seguridad. Sólo el trabajo valiente de algunos técnicos de la central y de los bomberos evitó que la temperatura del reactor acabara de subir los 3 ºC que hubieran provocado la liberación de al menos 200 toneladas de dióxido de carbono radiactivo a la atmósfera y quién sabe si también la fusión del núcleo de la central nuclear. El coste de las reparaciones exigidas por un CSN presionado por la movilización popular llevaron a Hifrensa a cerrar Vandellòs 1, ya que no se les permitió repercutir ese coste a la tarifa eléctrica, que es lo que pretendían.
Veinte años más tarde, ni las compañías eléctricas ni el CSN ni el resto del lobby nuclear en España han aprendido la lección del accidente de Vandellòs 1. En junio pasado, el CSN emitió un dictamen favorable a la continuidad por 10 años de la central nuclear de Garoña aunque ésta, que no cumple ni siquiera la normativa vigente, no había aplicado el programa de mejoras que el CSN le ordenó el año 2006. Y lo ha hecho con nocturnidad y alevosía, pues se ha saltado el requerimiento legal de establecer, antes de septiembre de 2008, un Comité Asesor para la Información y la Participación Pública sobre la Seguridad Nuclear, como ha denunciado Greenpeace, Comité que debería haber informado sobre esta cuestión. Pero no sólo es Garoña: El País informaba en septiembre de este año que el CSN todavía no había dado el visto bueno al plan de acción propuesto por ANAV para corregir las deficiencias que condujeron al escape radoactivo de noviembre de 2007. ¿Alguien ha visto que el CSN haya exigido que Ascó 1 permanezca parada todo este tiempo?
Que las centrales nucleares sean ahora 20 años más viejas que lo eran el año 1989 es trivial; el subsiguiente deterioro de la seguridad, no. En todo el mundo, operadores y reguladores han identificado problemas de envejecimiento prematuro como la vibración de tuberías, con los agrietamientos, escapes o roturas que al mismo tiempo causan una corrosión severa, que ocasionan escapes y roturas todavía peores. Por no hablar del agrietamiento por corrosión bajo tensiones que afecta la vasija del reactor de Garoña. Al problema del envejecimiento se tiene que añadir que la transición a la competencia en el marco de la liberación del sector eléctrico llevó a un despido de materia gris de las centrales nucleares y a una gravísima erosión de la cultura de la seguridad en sus operadores. Una erosión que incluso el CSN ha tenido que reconocer, en el caso del accidente de Vandellòs 2, debido a la degradación del sistema de aguas esenciales, y en el del escape de Ascó 1, escándalos de los que la opinión pública sólo supo gracias a Greenpeace.
En el año 2000, la Audiència Provincial de Tarragona absolvió los 4 imputados por el incendio, y el año 2002 el Tribunal Constitucional anuló la multa de 70 millones solicitada por el accidente. ¿Cuáles pueden ser, a la luz de los hechos, las lecciones, veinte años más tarde, del incendio de Vandellòs 1? Para la industria, que podía actuar - y puede seguir actuando -- con impunidad bajo el cobijo del CSN. Para nosotros: que la única central nuclear segura es la central nuclear desmantelada.
Por lo tanto ... ¡cerremos las nucleares!
Anna Rosa Martínez, delegada de Greenpeace en Barcelona.