En este momento la Unión Europea trabaja para la actualización de las normas de contaminación del aire en las instalaciones industriales, lo que incluye las centrales térmicas de carbón. Esto se conoce como el “proceso de Sevilla” pues se desarrolla mayormente en el Instituto de Estudios Tecnológicos Prospectivos de Sevilla.

Este proceso es absolutamente oscuro, porque la opción a la participación y el seguimiento ciudadano brilla por su ausencia. Sin embargo, Greenpeace ha realizado una investigación en la que revelamos cómo las compañías eléctricas están interfiriendo directamente en el proceso para definir estas nuevas normas y que sean “sus nuevas normas”, limitando lo menos posible las emisiones de las centrales térmicas de carbón que contaminan el aire en la Unión Europea.

En este proceso normativo, España lidera las garras del lobby energético. Cuenta con el mayor número de representantes de la industria enmascarados como delegados gubernamentales: de las 12 personas que conforman la delegación española, ocho son de la industria. Están presentes Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Elcogas y HC Energía, así como la patronal de las grandes eléctricas, Unesa.

De las diferentes entidades que participan en la elaboración, revisión y propuesta de las nuevas normas, Greenpeace ha detectado el dominio de las empresas eléctricas, que cuentan con al menos 46 representantes dentro de las delegaciones gubernamentales, además de las 137 personas que ya participan representando a la industria de forma oficial.

Es inadmisible que los límites de calidad del aire no se rijan por criterios ambientales y de salud. La quema del carbón y del petróleo son la causa principal de las emisiones de CO2 que producen el cambio climático y provocan la emisión de gases tóxicos y partículas en suspensión. Ello supone una gran amenaza ambiental para la salud en Europa, pues aumenta el riesgo de muerte por enfermedades del corazón, respiratorias y cáncer de pulmón, además de acortar la esperanza de vida entre 6 y 12 meses en la mayoría de países europeos.

Y mientras los que contaminan son los mismos que diseñan las normas destinadas a regular sus propios límites de contaminación, la compañía eléctrica alemana E.ON declara su enfado por haber invertido en mejorar la tecnología en sus centrales mientras que la UE trabaja para debilitar las normas de calidad del aire.

Basta ya de normas hechas por y para la industria. Basta ya de escándalos y de escuchar a los que contaminan, necesitamos gobernantes que regulen por y para las personas, que velen por nuestra salud y por nuestro derecho a un medioambiente saludable.

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