Los últimos datos aportados por el Gobierno sobre las reservas hídricas muestran como la Península Ibérica estaría entrando en un periodo de sequía. Actualmente la reserva de agua embalsada en superficie a escala nacional está al 40%.
Basar la política hídrica en la oferta ilimitada de agua, cuando es un recurso limitado y muy variable, es un error con graves consecuencias medioambientales y sociales. Por esto, a pesar que España es el país con más embalses per capita del mundo siguen los problemas de abastecimiento en cuanto las precipitaciones descienden.
La sequía es un fenómeno propio de nuestra situación geográfica. Sin embargo, el cambio climático y la mala gestión de los recursos hídricos en España están haciendo que la escasez de agua se convierta en crónica en buena parte de la península Ibérica.
Esto, tendrá consecuencias ambientales, sociales y económicas que serán dramáticas si no se toman medidas urgentes. España ha basado su política hídrica en una oferta ilimitada de agua. En un país donde este recurso es limitado y está sujeto a fuertes fluctuaciones como consecuencia de las sequías (y del cambio climático), supone un error que causa graves afecciones a los ecosistemas acuáticos y provoca también una gran tensión social
A pesar que España es el país con más embalses “per capita” del mundo, unos 1.300. En las últimas dos décadas se han construido y puesto en explotación 214 presas más y a pesar de ello siguen los problemas de abastecimiento en cuanto el régimen de precipitaciones desciende.
A esto, hay que sumar que los ríos son actualmente las cloacas donde terminan buena parte de nuestros residuos urbanos e industriales. Y que la fuerte segmentación y artificialización de la práctica totalidad de los cauces con consecuencia de azudes y trasvases (ni siquiera bien controlados por la Administración), dan como resultado una pérdida del poder de autodepuración y regeneración natural de los ríos, perjudicando seriamente a las masas de agua y a los ecosistemas que dependen de ellas.