El pasado 15 de noviembre el buque de Greenpeace Arctic Sunrise se encontraba posicionado en el punto donde el Gobierno de España había autorizado a la multinacional Repsol a buscar petróleo frente a Lanzarote y Fuerteventura, y en aguas internacionales. La intención era proteger la inmensa biodiversidad de la zona de la agresión y el peligro que suponen las prospecciones de hidrocarburos en aguas profundas.
Lo que allí sucedió ese día dió la vuelta al mundo. Dos lanchas del buque de la Armada española Relámpago, puesto al servicio del barco perforador de la petrolera, embestían violentamente a los botes de los activistas pacíficos de Greenpeace. El resultado del ataque, tres personas heridas, una de ellas de gravedad que tuvo que ser evacuada y operada de urgencia en Las Palmas, además de importantes daños en nuestras embarcaciones.
Hoy, ocho meses después de lo sucedido en Canarias, se celebra en la Audiencia Nacional la vista oral por esta agresión. Lo sorprendente es que la única imputada es la activista de Greenpeace que resultó gravemente herida. Ella se enfrenta a una pena de uno a tres años de cárcel, acusada de “piratería”.
Las prospecciones de Canarias son una muestra más de hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno central en la defensa de los intereses económicos de multinacionales contaminantes. La activista ya ha llegado a los tribunales, pero aún siguen pendientes varias denuncias en Bruselas por el caso de las prospecciones. Desde la tramitación administrativa, del permiso a Repsol, realizada en tiempo récord, y que ha ido en contra de la voluntad y del interés general del pueblo canario y de su Parlamento, hasta el de poner un buque de la Armada al servicio de una multinacional.
Y ahora el penúltimo episodio de esta historia. Una de las víctimas directas de denunciar semejante cadena de trato de favor podría ir a la cárcel. Parece que defender el medio ambiente, la legalidad y el interés general están ahora tipificado como piratería en España. Pero ¿quién es aquí el pirata realmente?
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