Cuando aún tenemos reciente la detención de los cuatro activistas de Greenpeace en Copenhague y la falta de garantía de derechos fundamentales en un país democrático como es Dinamarca, retomamos de nuevo la historia de Junichi Sato y Toru Suzuki.
Su historia comenzó en 2008 y tras un largo proceso judicial de vistas previas, finalmente dará comienzo el 15 de febrero el juicio que podría sentenciarles hasta a 10 años de prisión por “robo” y “allanamiento”. Japón es un país democrático pero esto no garantiza que se respeten los derechos fundamentales.

Junichi y Toru interceptaron una caja con carne de ballena, destinada a un miembro de la tripulación  y etiquetada como “cartón”, que presentaron ante las autoridades como prueba física de una intensa investigación de Greenpeace en Japón sobre el contrabando de carne y la corrupción que rodea al programa ballenero japonés, financiado con dinero público.

Tras la revelación pública de las pruebas en rueda de prensa, no sólo no se llevó a cabo una investigación oficial por parte de las autoridades sino que incomprensiblemente ambos activistas fueron arrestados y permanecieron en prisión preventiva 23 días, durante los cuales fueron interrogados tres veces al día sin que su abogado estuviera presente.

Tras su puesta en libertad, se han sucedido toda una serie de despropósitos legales durante el proceso, que han llevado a que el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ratifique las denuncias de Greenpeace y dictamine que en el caso de Junichi y Toru se han vulnerado varios artículos de la legislación internacional de derechos civiles y universales, de la cual Japón es país signatario.

Estamos ante un nuevo caso en el que la industria, que causa el daño, intenta silenciar a aquellos que la quieren poner en evidencia. En el caso de la industria ballenera, cuenta con el beneplácito del sistema judicial japonés, que claramente adopta un postura política y llena el proceso de incógnitas, vulneraciones, silencios y preguntas por responder.

Quienes vemos en Junichi y Toru a unos ciudadanos que decidieron sacar a la luz y denunciar a una industria ya desacreditada internacionalmente, queremos que se haga justicia, que se garanticen sus derechos y que se reabra la investigación para identificar a los verdaderos culpables.

Es hora de pedir justicia y que se juzge a la industria ballenera y no a quienes se oponen a ella.

Elvira Jiménez, campaña de océanos de Greenpeace

- CIBERACTÚA POR JUNICHI Y TORU