Filipinas se ha convertido en el primer país del mundo en el que una Comisión de Derechos Humanos ha iniciado una investigación sobre la responsabilidad de las empresas más contaminantes en los efectos del cambio climático. Estas empresas, entre las que se encuentran Chevron, ExxonMobil, BP o Royal Dutch Shell son responsables de la mayor parte de las emisiones globales de CO2.



Esto ha sido posible gracias una acción conjunta respaldada por miles de personas y firmada por 14 organizaciones, entre las que se encuentra Greenpeace.

Quienes habitan las islas de Filipinas conocen muy bien los efectos devastadores producidos por las emisiones de las empresas de combustibles fósiles, que van desde el ascenso de las temperaturas hasta sequías o fenómenos meteorológicos extremos como el tifón Yolanda (Haiyan), que en 2013 asoló el sudeste asiático, especialmente Filipinas , y dejó tras de sí casas destruidas, 11 millones de personas damnificadas y un millar desaparecidas, y más de 6.300 muertes a su paso.  Las personas supervivientes tienen que afrontar ahora una vida sin sus familiares, mientras luchan por el acceso a agua y comida.

La investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas a las empresas, que trabajará junto a agencias de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es la respuesta a la movilización ciudadana ante una injusticia que se repite en muchas partes del mundo: personas vulnerables que se convierten en víctimas de un problema que no han ocasionado y ante el que no disponen de recursos para hacerle frente. Una injusticia en la que se vulneran los derechos humanos y  ante la que parece como si no hubiera responsables.

En Filipinas, donde las emisiones de carbono apenas representan el 0,25 por ciento de los niveles mundiales, miles de personas están reclamando justicia climática, personas que a pesar de su vulnerabilidad y sus escasos recursos, piden dignidad, soluciones y penas para los responsables: las empresas de combustibles fósiles.

Pero lo justo, casi nunca es fácil, y las personas de Filipinas que dedican su vida a reclamar justicia y soluciones para un medio ambiente destruido y un futuro incierto, se convierten demasiado a menudo en dobles víctimas del cambio climático, siendo perseguidas, amenazadas y muchas veces asesinadas.

La última víctima del activismo en Filipinas ha sido la abogada ambientalista y defensora de los derechos de las mujeres y  de los niños y niñas Mia Manuelita Cumba Masacariñas-Green, asesinada a tiros  mientras regresaba a su casa  en presencia de sus tres hijos pequeños.

Mia era miembro del Centro de Asistencia Legal Medioambiental, una organización con la que Greenpeace trabaja muy de cerca en la petición por los derechos humanos y la justicia climática. Ahora Mia engrosa una terrible lista de personas activistas asesinadas en Filipinas por defender el desastre que sufren en sus tierras, con las cifras más altas solo por detrás de Brasil.

Las emisiones contaminantes de las empresas que nos ahogan en Europa son las mismas que provocan tifones, inundaciones, sequías o migraciones climáticas en otros países a miles de kilómetros de distancia.

El cambio climático es una de las mayores amenazas de este siglo, pero también una de las mayores injusticias. Las personas no podemos permanecer impasibles, sino que debemos unirnos y levantar la voz para reclamar un futuro seguro y digno frente a los abusos de las empresas contaminantes  causantes del cambio climático, que incluso vulneran los derechos humanos. La acción ciudadana de Filipinas es un ejemplo a seguir.

Es urgente cambiar el sistema energético y frenar las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Debemos reclamar  justicia climática y señalar a los gobiernos y empresas para que de una vez asuman la responsabilidad que les corresponde.

#JusticiaClimática