Ayer se publicó en prensa algo que los grupos ecologistas llevábamos décadas sospechando, que los datos de contaminación de las fábricas de Ercros no eran transparentes. A través de la herramienta filtrala.org se ha tenido acceso a un intercambio de documentos y correos electrónicos internos de la empresa que revelaban la existencia de una doble contabilidad de las reservas de mercurio en su planta química de Flix (Tarragona): la real y la oficial.



El mercurio se utiliza para fabricar cloro y su toxicidad es tan elevada que la legislación actual establece un control férreo a sus emisiones. De hecho, se trata de un contaminante prioritario reconocido en muchos convenios y leyes, nacionales e internacionales, como el convenio OSPAR y está clasificado como "sustancia peligrosa prioritaria" por la Directiva Marco del Agua.

Por eso, esta noticia es muy grave. Revela en desajuste de mercurio entre lo que se reconoce oficialmente tener en reserva y lo que realmente se tiene. La existencia de una contabilidad B del mercurio hace pensar que parte de ese mercurio “desajustado” podría haber acabado vertido al medio ambiente. Con esta táctica Ercros podría haber camuflado como legal un proceso de producción de cloro totalmente al margen de los mínimos estándares exigidos.

Para hacernos una idea de la envergadura del potencial fraude se pueden comparar las cifras del desajuste de mercurio en la planta de Flix, que a finales de 2009 era de 20 toneladas (20.000 kg), con las emisiones de mercurio a la atmósfera y al agua que Ercros declaró para esa misma planta y ese mismo año, menos de 70 kg en todo el año.

Las dimensiones son escandalosas y ponen de relieve que Ercros podría haber funcionado prácticamente con un cheque en blanco para contaminar y sin mostrar la más mínima preocupación por las repercusiones medioambientales o de salud de su tóxica maniobra. De hecho, la soltura con la que los directivos de la empresa intercambiaban los correos electrónicos hablando de datos oficiales y reales o indicando cómo evitar ser pillados por la Agencia Catalana del Agua o la Confederación Hidrográfica del Ebro, hacen pensar que esto realmente sucedió así.

Pero esta noticia también nos siembra de dudas. ¿Es una conducta puntual de una única empresa o es una conducta generalizada de la industria química en España? ¿Hasta qué punto podemos confiar en el control de las administraciones? O, ¿hasta qué punto las administraciones quieren controlar?

Y tras las dudas, la reflexión. ¿De verdad queremos seguir pagando la ambición de las empresas con la contaminación de nuestro entorno y con nuestra salud? o ¿de verdad hay que pagar un precio tan alto para mantener una industria contaminante a flote?. Yo creo que no.