La Patagonia chilena está en peligro. La empresa eléctrica Endesa - hoy propiedad de la italiana Enel - proyecta construir, a través del consorcio Hidroaysen, cinco grandes presas que afectarían gravemente a sus ecosistemas. Los megaproyectos hidroeléctricos de Endesa, que con sus inundaciones de territorio y obras anexas, destruirían cuencas de valor ambiental incalculable, contribuirían a la extinción de especies como el huemul, emblema de Chile, y afectarían una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Estos proyectos van asociados a la construcción de una enorme línea eléctrica de más de 2.235 kilómetros de cables, que recorrería la distancia entre la región de Aysén y Santiago, atravesando numerosos espacios naturales protegidos, para inyectar más energía ‘barata’ a la ya saturada y sobrepoblada capital de aquel país.
La Patagonia chilena es una referencia global entre los grandes espacios naturales. Por ello desde hace años se ha puesto en marcha una campaña global para preservar sus valores naturales, y evitar la destrucción de sus ecosistemas. Precisamente las gentes de Aysén, la región de Chile en que se ubicarían las grandes presas, apostaron por un modelo de desarrollo diferente en el que no caben proyectos como los de Endesa. Lo llamaron "Aysén, Reserva de vida". Hoy ese modelo se encuentra gravemente amenazado por los megaproyectos faraónicos de Endesa. Además, una vez construida la línea, sería el final de una Patagonia bien preservada, ya que a estos proyectos seguirían otros.
La protesta contra estos proyectos que nació en Aysén, ha saltado el charco y se ha extendido por todos los rincones del mundo. También a España.
Por eso el pasado 21 de julio cuatro activistas de Greenpeace descolgaron una pancarta en la que se leía: "Buenos días Endesa, si de verdad te preocupan los hijos de tus hijos, no destruyas la Patagonia chilena". Precisamente en la misma se hacía referencia a la campaña publicitaria de Endesa que hablaba de la sostenibilidad. Los hechos transcurrieron de manera pacífica.
Ahora Endesa reclama para cada uno de los activistas de Greenpeace penas que alcanzan los 3 años y ocho meses de prisión. En total 14 años y ocho meses de cárcel por descolgar una pancarta. Además de multas millonarias.
No cabe duda de que con ello ENDESA pretende intimidar a la oposición y acallar las voces críticas. Es la táctica habitual de las grandes empresas. En todo caso no lo va a conseguir. Pero no cabe duda de que establece un salto cualitativo en la represión de la protesta pacífica en defensa del medio ambiente en España. Habrá que recordar una vez más que la Constitución Española reconoce el derecho ciudadano a alzar la voz en defensa del medio ambiente, por más que a Endesa no parece gustarle.
Juan Lopez de Uralde
Director Ejecutivo de Greenpeace España