La semana pasada celebramos la decisión de El Consell de Mallorca de paralizar la importación de residuos de fuera de Baleares para quemar en la incineradora de Son Reus. Pero esta no ha sido la única buena noticia en las nuevas políticas de gestión de residuos.



En la Comunidad Valenciana, el nuevo gobierno autonómico quiere apostar por “vías más sostenibles y menos peligrosas” y para ello ha comenzado por cancelar el Plan de Incineración de Residuos aprobado por el gobierno saliente del Partido Popular, que pretendía poner en marcha tres incineradoras de Residuos Sólidos Urbanos en la Comunidad.

En Tenerife, el Consejero del área de sostenibilidad (del PSC) anunciaba hace solo unos días un plan de gestión de residuos para diez años. Su objetivo es alcanzar una tasa de reciclaje del 70%, y en el plan previsto queda aparcada la construcción de la incineradora para apostar por la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje.

Decisiones políticas como estas suponen un avance muy positivo hacia alternativas sostenibles que generarán más empleo y que evitarán los problemas ambientales y de salud asociados a las emisiones tóxicas que produce la incineración de residuos. Sin embargo aún hay representantes políticos que siguen empeñados en apostar por la construcción de macro-incineradoras. Hablamos del proyecto de la incineradora de Zubieta, en Gipuzkoa, que el Gobierno Foral actual formado por PNV y PSE-EE se ha empeñado en reflotar. El Diputado Foral de Medio Ambiente ha asegurado que la incineradora “estará en marcha al final de la legislatura”.

La decisión viene despues de que en 2013, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) suspendiera la ejecución de la obra al no cumplir el proyecto la normativa medioambiental exigida por el Gobierno Vasco, poniendo punto y final a la construcción de la incineradora, al tiempo que el por entonces gobierno de Bildu avanzaba en el desarrollo de la recogida selectiva puerta a puerta, que se llegó a implantar en más de 20 municipios vascos. La gestión de residuos llevada a cabo en Euskadi le ha situado como la tercera Comunidad con mayor tasa de reciclaje o recuperación de RSU del Estado, llegando hasta un 80% en los municipios con el puerta a puerta.

A pesar de estos datos, el nuevo gobierno de Gipuzkoa se ha empeñado en rescatar el proyecto, desoyendo así las voces de la ciudadanía, que siempre ha mostrado una fuerte oposición a la construcción de la incineradora en Zubieta. La inversión de dinero público contemplada inicialmente supone más de 400 millones de euros, para unas instalaciones donde se prevé quemar hasta 260.000 toneladas de residuos anuales, con la contaminación y los riesgos de salud que eso conlleva. El nuevo gobierno también tiene en sus planes la eliminación del sistema de recogida puerta a puerta.

Ante el anuncio de reactivación del proyecto, las plataformas anti-incineración y otros colectivos sociales y ecologistas ya han anunciado próximas movilizaciones. Es lamentable que en pleno 2015 haya gobernantes cuya mejor propuesta para gestionar los residuos sea la de enviar la basura a una planta de incineración, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía. Ni se ha tenido en cuenta la opinión ciudadana, ni tampoco el informe de la Comisión Europea que exige eliminar los vertederos e incineradoras en 2020. Es sorprendente también que los mismos partidos que hoy defienden la construcción de esta planta apoyaran en Europa el fin de la incineración en 2020.

#IncineraciónNO

- Para saber más:

- Sobre la incineradora de Zubieta
- Sobre los riesgos de la incineración sobre la salud