El pasado 14 de junio más de 30 voluntarios de 13 países se adentraron hasta la cuenca del Río Tapajós, en el corazón de la Amazonia, para ayudar a los indígenas Mundurukú en la demarcación de su territorio.
Este paso, la demarcación de sus tierras, es algo que debería haber hecho el gobierno hace tiempo, ya que es el procedimiento obligado antes de que se reconozca oficialmente el derecho a su territorio. Una vez reconocido y demarcado, la Constitución brasileña prohíbe el desplazamiento de sus pobladores salvo casos excepcionales, como una guerra o una epidemia. Si el gobierno brasileño reconoce el territorio Sawre Muybu de la tribu Mundurukú, el proyecto hidroeléctrico de Sao Luiz do Tapajós, que inundaría parte de sus tierras, no podría llevarse a cabo y pasaría a la historia como un proyecto fallido.
Y esta historia con final feliz es por la que estamos trabajando. Ya que el gobierno no ha demarcado el territorio hasta ahora, los indígenas Mundurukú ayudados por los voluntarios de Greenpeace se han puesto manos a la obra.
Justo un día después de que los voluntarios de Greenpeace llegaran al poblado Sawre Muybu, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó su informe resultado de la visita que hizo a Brasil a mediados de diciembre de 2015.
En esta visita la Relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas se interesó por varios proyectos polémicos, siendo uno de ellos la presa de Belo Monte. En este informe, presentado públicamente a la 32ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra se hacen recomendaciones demoledoras para el caso del megaproyecto hidroeléctrico de Sao Luiz do Tapajós.
Los responsables de velar por los derechos humanos de Naciones Unidas “recomiendan que se revise el uso actual del mecanismo legal de "suspensión de seguridad" con el fin de garantizar que no constituye un obstáculo al acceso a la justicia de las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo a gran escala; también pide que se apliquen los mejores esfuerzos para proporcionar a la Fundación Nacional del Indio de Brasil con los recursos necesarios para llevar a cabo correctamente y con prontitud la demarcación de tierras indígenas
A las empresas (que se enteren Siemens, Mapfre o Iberdrola), el Grupo de Trabajo recomienda que cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos a nivel internacional mediante la debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de la forma en que abordan los impactos negativos sobre los derechos humanos; también piden a las empresas que evalúen los impactos negativos reales o potenciales sobre los derechos humanos, garantizar una consulta significativa con los individuos y las comunidades potencialmente afectadas, prestando atención a los grupos potencialmente vulnerables o marginados y garantizar que tengan información oportuna y completa sobre los proyectos o cambios propuestos que puedan afectarles y la capacidad de formular sus opiniones.
Para las organizaciones de la sociedad civil, el Grupo de Trabajo también tiene una recomendación: continuar para crear conciencia sobre las obligaciones y responsabilidades respectivas del Gobierno y de las empresas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos para prevenir y hacer frente a los efectos adversos de los derechos humanos relacionados con las operaciones de las empresas comerciales; y continuar con el trabajo de defensa de los derechos de las comunidades afectadas y los defensores de los derechos humanos.
Precisamente en eso estamos, y por eso agradecemos el informe de la Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estamos ayudando a los Mundurukú a defender su territorio.
Y desde mañana con más fuerza, ya que desde el poblado Sawre Muybu tendremos a nuestra compañera Nadia y al ilustrador Iván Solbes contándonos, de primera mano, cómo estámos haciendo esta labor.
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