Hoy volvemos a Andalucía y a las denuncias de Greenpeace sobre la actitud en los últimos años de la Junta de Andalucía frente a los problemas ambientales que sufre la región. Uno de los indicadores, entre otros muchos, que demuestran que la actual política de la Junta se basa en medidas vacías de contenido que se contraponen con un empeño por mostrar una imagen “verde”, es el Decreto de Parques Naturales. El Decreto se presentó en febrero de 2010 por la Secretaría General de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Junta. Una vez más, un nombre de una Secretaría altisonante que suena a tintes verdes, aunque con este Decreto se pretende rebajar el nivel de protección de los Espacios Naturales Protegidos e imponer los planes urbanísticos (PGOU) por encima de las normas de protección de estos Espacios Naturales.
Según el Consejero de Medio Ambiente, Diaz Trillo, más del 80% de los sectores implicados en la norma se pronunciaron a favor del Decreto. Un Decreto que sin duda contenta a empresarios e industria. Entre este supuesto 20% restante que nos oponemos, se encuentra Greenpeace que al analizarla consideramos que se legalizaría el hotel ilegal de El Algarrobico o Ecologistas en Acción que denuncia que incluso los responsables de la Consejería de Medio Ambiente impidieron la votación de las alegaciones que presentaron al respecto los representantes ecologistas miembros de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales.
Repasemos ahora un viejo método científico:
“El ensayo y error, también conocido como prueba y error, es un método para la obtención de conocimiento, tanto proposicional como procedural. En el ensayo y error, se prueba una opción y se observa si funciona. Si funciona, entonces se tiene una solución. Si no – esto es un error – se intenta otra opción.”
Y este método del “ensayo y error” está siendo optimizado por la Junta y su Consejería de Medio Ambiente. Sorprendentemente, a principios de 2011 se ha dado a conocer un informe de los servicios jurídicos de la Junta que estaba fechado en julio de 2010 y que advierte que como denunciaba sólo ese “20%”, los planes de ordenación de los recursos naturales deben prevalecer sobre los PGOU de los Ayuntamientos. Por tanto, la administración andaluza redacta un borrador de Decreto intentando legalizar sus desmanes con la esperanza que pase sin pena ni gloria por los órganos participativos (ensayo) después se elabora un informe jurídico a posteriori y, error, el informe no se ajusta al derecho, provocando que mucha gente haya tenido que malgastar horas y energías contra el pretendido decreto.
Desde la Consejería de Medio Ambiente ya han negado la mayor y sostienen que en ningún momento se ha perseguido que alguna otra norma prevaleciese sobre los planes de ordenación de los recursos naturales, lo que achacaron a una “mala interpretación” de quienes nos oponemos al Decreto, incluido el Defensor del Pueblo. Ahora dicen que Consejo Consultivo tendrá que determinar la legalidad o no del proyecto, de nuevo ensayo y error.
Por cierto, el Presidente de la Junta de Andalucía, a pesar de querer contar con la participación ciudadana para diseñar las políticas ambientales de la región, sigue negándose a una reunión con Greenpeace.
Pilar Marcos, responsables de la campaña de Costas de Greenpeace