Hoy la sociedad civil representada por asociaciones ecologistas, de vecinos y consumidores, sindicatos agrarios y laborales y los ganaderos de la zona afectada, se han concentrado delante de la Junta General del Principado de Asturias en Oviedo, para pedirle a su Gobierno que rechace la construcción de la incineradora de residuos de Serín. A pesar, de este llamamiento parece que los responsables políticos están por apoyar un proyecto económicamente ruinoso y que pondrá en serio peligro el medio ambiente y la salud de los asturianos.
Tanto Greenpeace como otros colectivos vienen exigiendo al Principado un cambio radical en su política de residuos. Hace diez años que el Gobierno autonómico incumple sus propias leyes en cuanto a la recogida y reciclaje de basuras. Entonces ¿Cómo es posible que los mismos que no han sido capaces de realizar una correcta gestión de los residuos se sientan capacitados ahora para decir que lo mejor es apostar por quemarlo todo?
Es evidentes que los políticos y responsables han quedado totalmente desautorizados para decidir sobre esta cuestión, y mucho menos, para exponer durante décadas el futuro sanitario, ambiental y económico del Principado. Otro modelo de gestión de residuos es posible y 100 municipios españoles lo están demostrando día a día. A pesar del visto bueno de hoy a la construcción de la planta, Greenpeace seguirá trabajando para demostrar que hay alternativas sostenibles a las incineradoras y vertederos, y que la política de "residuo cero" puede y debe implantarse en todo el país, incluido Asturias.
Desde Oviedo, Julio Barea, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace