Greenpeace publicó el pasado mes de diciembre una investigación “Amnistía a la Destrucción” sobre el posible conflicto de intereses de determinados miembros y afines al PP ante la reforma del texto de la Ley de Costas.
Entre otros, el del propio ministro Arias Cañete, que ha sido consejero de la inmobiliaria Bami NewCo, donde coincide con conocidos empresarios como Bautista Soler, Joaquín Rivero o Ignacio López del Hierro. En la investigación Greenpeace señala a Arias Cañete como un ministro con una “peculiar” sensibilidad ambiental y del que se podrían desprender posibles conflictos de intereses.
La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Y con esta pólvora hemos podido difundir nuestro principal motivo de denuncia: cómo el articulado de nueva Ley de Costas beneficia a unos pocos contra el interés general.
La difusión ha sido tal, que Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, anunciaba a finales de año que estaba estudiando querellarse contra Greenpeace por relacionarle con la reforma de la Ley de Costas. Quizás Lopez del Hierro está motivado por la noticia que publicaba uno de esos pocos periódicos que se han hecho eco de nuestra investigación, el Día de Castilla La Mancha. Este periodico recogía bajo el titular “Greenpeace carga contra el marido de Maria Dolores de Cospedal” algunas partes de nuestra investigación, ayudando a difundir de esta manera nuestra denuncia.
Cuando la información es desagradable
Cuando la Ley de Costas es molesta para no continuar con nuestro modelo especulativo de destrucción del bien público, se reforma. Y cuando las informaciones son molestas, se reclama que se eliminen de los diarios por “desagradables”. No, no es que sea desagradable ver cómo las salinas de la costa se pueden urbanizar a partir de ahora, lo desagradable es destapar intereses privados sobre un bien público. Así, y para acabar la historia, tanto Ignacio López del Hierro como el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (pagado con dinero público) han pedido por escrito (firmando la nota la presidenta Cospedal) que se retiren las informaciones que le relacionan con la reforma de la Ley de Costas. En el Día Digital están las cartas.
Sin duda, aquí también aparece un nuevo peculiar uso del interés particular y el uso de los bienes públicos, en este caso de los gabinetes jurídicos. Pero eso es otra historia.
Equipo de Investigación de Greenpeace España