Cinco años después: Tribunales ajetreados, facturas de la luz subiendo y renovables paradas

Ilegales o no, cada uno de los recortes a las renovables de los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP no han dado respuesta estructural a los problemas del sistema eléctrico español. No digamos a la tendencia imparable al alza de las emisiones de gases de efecto invernadero de España.

En diciembre de 2010, el Ejecutivo socialista presentó su recorte a la energía fotovoltaica con el pretexto de reducir la factura eléctrica, ya que el sistema eléctrico en su momento acumulaba un desequilibrio (el llamado déficit tarifario) entre entradas y gastos de más de 20.000 millones de euros. A este recorte de hace unos cinco años se refiere el fallo del arbitraje internacional del tribunal de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) del jueves pasado. Conviene no confundirlo y extender sus conclusiones a lo que los tribunales de arbitraje, los nacionales así como los europeos puedan llegar a fallar en el futuro con respecto de la siguiente reforma del Partido Popular que es un caso completamente diferente y sustituye por completo el marco para las renovables en vigor en 2010, empeorándolo aún más tal y como Greenpeace ha denunciado en reiteradas ocasiones, hasta los límites alcanzados en 2015 cuando ni un sólo MW de renovables ha sido instalado en España.

Aunque en este caso el SCC de la razón al Reino de España en un procedimiento extrajudicial en base al Tratado de la Carta de la Energía, también es cierto que su decisión no es vinculante para los tribunales nacionales o europeos.

Pero lo más llamativo es que cinco años más tarde, las medidas anti-renovables de los sucesivos gobiernos no han ofrecido respuestas eficaces para reducir el peso del sistema eléctrico sobre los hombros de los consumidores (la factura ha subido un 9,7% entre julio de 2011 y 2015, según Facua) ni a la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico que tan sólo en 2015 han crecido un 23% respecto al año anterior debido a la entrada masiva del carbón en el mercado eléctrico.

La razón se debe a que el diagnóstico sobre el que se basan todas estas actuaciones anti-renovables es incorrecto. Ni las renovables son responsables del déficit tarifario, ni los problemas estructurales de modelo del sistema eléctrico tienen solución aumentando su recaudación.

El déficit tarifario es resultado de una política inventada por Rodrigo Rato como Ministro del Gobierno del PP, que el PSOE nunca se atrevió a enmendar, por la que se desvinculaban las tarifas eléctricas de los costes de la electricidad. El déficit se generó antes de que las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica, tuviesen ningún peso en la cesta de generación. Es más, como se puede ver en la gráfica, ni siquiera hay proporcionalidad entre déficit de tarifa y las primas a las renovables.

Si el motivo del decretazo contra la energía solar de 2010 hubiera sido económico, no se hubiera aprobado muy poco antes un decreto para dar una prima al carbón nacional. Tampoco ambos Gobiernos hubieran renunciado a recuperar 3.400 millones de euros de sobrecompensación a las eléctricas en calidad de Costes de Transición a la Competencia.

Mientras en los tribunales la actividad es febril, en España las renovables están varadas y el ahorro y eficiencia energética con ellas. Con los tiempos que tienen los tribunales para fallar, lo peor que nos puede pasar es que todo quede paralizado mientras no falle el último de ellos, pues el cambio climático no sabe de tribunales ni de retornos de inversiones de ninguna central térmica sino sólo de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cinco años no sólo se ha desmontado un sector en España, también hemos perdido los beneficios de la reducción dramática de los costes de las renovables que son hoy un 80% más baratas que hace un lustro. Es imperioso que se recupere un marco estable político, legal y económico para que podamos emprender urgentemente la sustitución de las fuentes sucias por renovables. Ayer mismo Heimi Bahar de la Agencia Internacional de la Energía, declaraba que “el problema de las renovables no es su propia variabilidad, sino la variabilidad de las normativas que las regulan”.

Para evitarlo parece imperioso llegar a un Pacto de Estado sobre Energía que diagnostique correctamente las fuentes de los problemas de nuestro sistema energético y marque el camino urgente hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente para España en 2050.