Esta mañana nuestros activistas han desplegado unas pancartas en el stand de la empresa pública Navantia durante la celebración del Salón de Tecnologías de Seguridad Nacional (Homsec) para mostrar su rechazo a la operación de venta de corbetas españolas a Arabia Saudí.
Bajo lemas como “Armas marca España para matar civiles” y “Vender corbetas a Arabia Saudí es ilegal”, recordamos que esta operación incumple la legislación española e internacional ya que existen evidencias de que podrían ser utilizadas por el Gobierno saudí para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario, como el bloqueo naval que impide el acceso de ayuda humanitaria y ha situado a Yemen al borde de la hambruna.
El 25 de marzo se cumplirán dos años del inicio del conflicto armado en Yemen entre el Gobierno del presidente Hadi, apoyado por una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí, y el grupo armado huzí y las fuerzas aliadas con él. Todas las partes en el conflicto armado en Yemen han cometido con impunidad crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional.
Foto de Pedro Armestre/ Greenpeace
Desde entonces, la situación ha derivado en una crisis humanitaria para la población yemení y el país se encuentra a un paso de la hambruna. La coalición encabezada por Arabia Saudí ha bombardeado escuelas, hospitales, mercados y mezquitas y ha reconocido haber usado bombas de racimo de EE.UU. y Reino Unido, prohibidas ya mundialmente. Estas armas son de efecto indiscriminado y representan un peligro constante para la población civil ya que con frecuencia no estallan en el impacto inicial. La coalición saudí ha impuesto un bloqueo naval que impide el acceso de la ayuda humanitaria que 21 millones de personas necesitan para cubrir sus necesidades básicas. Todo esto son violaciones graves del derecho internacional humanitario. Según la ONU, hasta finales de 2016 el conflicto de Yemen había provocado la muerte a más de 7.000 personas, la mitad de ellas civiles, y heridas a más de 40.000.
España también juega un papel en esta guerra. Como en otros conflictos se necesitan armas para alimentarlos y un bloqueo naval necesita de barcos para mantenerlo. En la última década ha vendido armas a Arabia Saudí por valor de casi 1.400 millones de euros, sobre todo aviones, municiones, granadas de morteros, bombas, torpedos, cohetes y misiles desde que estalló el conflicto. En enero de 2017, el Rey Felipe VI visitó Riad para, entre otros, interceder por un contrato para la venta de cinco corbetas del tipo Avante 2200 para la armada saudí que fabricaría Navantia.
Foto de Pedro Armestre/ Greenpeace
Desde luego que se trata de un negocio carente de toda ética porque se sustenta en comportamientos tan atroces como los crímenes de guerra y, aún así, la clave en este caso es que es ilegal. El Gobierno de España NO puede vender armas a Arabia Saudí porque, en Yemen, la coalición saudí está cometiendo atrocidades.
Por eso, al autorizar la exportación de armas a Arabia Saudí, España incumple la Ley sobre el control de comercio exterior de material de defensa, impulsada por Greenpeace y otras ONG y que aún no ha cumplido la década, y el Tratado sobre el comercio de armas de la ONU, que ratificó en 2014 y que prohíbe la venta de armas para cometer crímenes internacionales.
Foto de Martina Schnecker/ Greenpeace
Hay quienes, con un discurso más o menos mediático, justifican esta atrocidad ilegal con un “otros lo hacen”. Si Suecia, los Países Bajos o la región belga de Flandes han dejado de vender armas a los saudíes, claro que España puede dejar de hacerlo y hacerse eco de la petición del Parlamento Europeo en 2016 que, ante la situación humanitaria en Yemen, instaba a los Estados miembros a no permitir las exportaciones de armas que puedan provocar o prolongar los conflictos armados o agravar las tensiones existentes en el país. Si no, puede encontrarse en una situación similar a la de Reino Unido, donde el Tribunal Supremo está examinando la transferencia de armas británicas a Arabia Saudí durante la guerra de Yemen.
El Gobierno de España puede optar por respetar el derecho internacional o ser cómplice de las atrocidades que se están cometiendo en Yemen, eso hace también Marca España. Al final, siempre tendrá que rendir cuentas.
Sara del Río es asesora política de Greenpeace España y Alberto Estévez es experto en desarme de la campaña “Armas Bajo Control” (coalición de ONG de desarme en la que Greenpeace forma parte)
- Informe No a la venta de barcos de guerra “Marca España” para matar civiles