Más de una vez he deseado poder tele-transportarme a la isla de Mauricio en el siglo XVII, para alertar a los holandeses que estaban a punto de extinguir el dodo y que entrarían en el capítulo de los depredadores de la historia. Ahora sé que quizás no me habrían querido escuchar. Cuando menos, eso pasa con las empresas que pescan atún rojo con cerco - el método industrial por excelencia-. Y lo mismo pasa con algunos gobiernos, como el nuestro, que hacen todos lo posible para evitar que esta especie se incluya en el Apéndice I de la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) y quede prohibida la comercialización internacional.

El atún rojo Atlántico es una especie altamente migratoria, que recorre perennemente las aguas de diversos países y las aguas internacionales. Su gestión sostenible ha estado en las manos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, conocido como ICCAT. Unas manos que han sido incapaces de evitar que la población del atún haya descendido a menos de un 15% de los niveles de referencia. Ni el Comité Científico del ICCAT ni un comité de sabios especialmente establecido por la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación, la FAO, han sido capaces de desmontar los argumentos por los cuales Mónaco reclama la máxima protección para el atún rojo.

La situación del atún rojo es tan precaria que el Parlamento Europeo votó a favor de que la Unión Europea diera apoyo a la propuesta de Mónaco – aunque solamente dos de nuestros eurodiputados  Raül Romeva, de IC-EUiA, y Oriol Jonqueres, de ERC, supieron anteponer el interés de los ciudadanos españoles a seguir disfrutando de esta especie en el mar a los balances de unas pocas empresas empeñadas en estirar sus beneficios algún año más-. Hasta, ahora la única respuesta firme desde la UE para abordar la urgencia de la situación. De hecho, tanto la Comisión Europea como los estados mediterráneos de la UE, empezando por España, han hecho todo lo posible para que ICCAT mantenga la sartén por el mango. Para ello no dudan en intentar romper las reglas de CITES (y sentar un peligroso precedente) supeditando su decisión a la próxima evaluación de los recursos por parte de ICCAT – esperando que esta valoración, por algún milagro de la ecología o de la termodinámica, contradiga el declive fehaciente de los últimos años.

Mientras, sin tregua y a todos los niveles, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de Andalucía, el Parlamento y el Gobierno de España hacen cuanto sea posible para que “sus” flotas puedan seguir pescando, enjaulando y exportando atún hacia el mercado japonés ... como si la dramática situación del atún nada tuviera que ver con ellos o, incluso, como si tuvieran una especie de derecho de pernada sobre este recurso que a todos nos pertenece.

La reunión de las partes del Convenio CITES en Doha, en el Qatar, ya está en marcha. Frente a la posición ambigua de la UE, Estados Unidos pide el Apéndice I sin condiciones. Las posiciones están establecidas, y el mundo, a la expectativa. Porque, más allá de lo que pueda decir el sector y sus protectores políticos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, igual que en Estados Unidos, la opinión pública sabe perfectamente que el atún rojo es una especie en peligro de extinción y que su suerte será un precedente para el destino de las especies que son al mismo tiempo parte vital de los ecosistemas marinos y un elemento de nuestra alimentación.

Anna Rosa Martínez, delegada de Greenpeace en Catalunya.