El pasado jueves el gobierno brasileño dio a conocer los datos sobre la evolución de la deforestación en la Amazonia. Las noticias no son buenas.
Las estimaciones realizadas por el gobierno de Dilma Rouseff señalan que se perdieron 5.843 km2 de selva entre agosto de 2012 y julio de 2013, lo que supone un aumento de la deforestación del 28% en comparación con el año anterior.
Para Greenpeace este fuerte incremento de la deforestación en la Amazonia no es ninguna sorpresa. El año pasado el gobierno aprobó un nuevo Código Forestal, cambiando drásticamente la legislación ambiental que rige la gestión de los bosques en Brasil, incluida la Amazonia. El poderoso lobby del agronegocio en el Congreso brasileño, los ruralistas, propició un debilitamiento de esta legislación, pese a que durante décadas había sido el Código Forestal el marco legal que había ayudado a proteger la Amazonía.
Algunos creyeron el canto de sirenas de los ruralistas: el nuevo Código Forestal iba a mejorar la gobernanza en la Amazonia, la amnistía concedida a los delincuentes ambientales no tendría consecuencias y el sector agrícola en esta región se comportaría movida por el espíritu ciudadano y el cumplimiento de la ley.
Pero el "crecimiento económico a toda costa", modelo basado en la expansión de la frontera agrícola y el establecimiento de grandes proyectos e infraestructuras en la Amazonia, es una dura realidad que contrasta con la que el gobierno de Dilma pretende vender.
La reducción de la deforestación en Brasil fue algo que los líderes de este país han utilizado como carta de presentación en la escena internacional. Pero la realidad es que ya no pueden seguir hablando de las excelencias del nuevo Código Forestal, ni seguir reivindicando el liderazgo en temas de sostenibilidad o hablar de los nuevos modelos de desarrollo en Brasil en vísperas de Copa del Mundo de fútbol.
La responsabilidad de las empresas
En el año 2006, los grandes comerciantes de soja de Brasil se comprometieron a no comprar soja a propietarios implicados en la deforestación ilegal. Este compromiso, denominado la moratoria de la soja, había supuesto un paso importante para el freno de la deforestación en esta región. Tres años después, en 2009, los 3 mayores industrias cárnicas (mataderos) de Brasil firmaron un acuerdo por el que se comprometieron a no comprar ganado de las explotaciones ganaderas que estaban participando en nuevos procesos de deforestación de la selva, la utilización de mano de obra esclava, o en invasiones de tierras indígenas y áreas protegidas en la Amazonia.
En este contexto de compromiso del sector privado, junto con una mejora de la gobernanza en la región, las tasas de deforestación disminuyeron durante los últimos 6 años, provocando muy buenas expectativas para la solución permanente del problema.
Pero ahora, tras la reforma del Código Forestal, el sector de la soja en Brasil quiere romper la moratoria de la soja en enero de 2014. Si esta industria no renueva la moratoria sin establecer nuevas garantías y pasos concretos en su lugar, esto podría significar otro ciclo de deforestación, y nuevas malas noticias para la Amazonia.
¿Quiere la industria de la soja volver al conflicto y las altas tasas de deforestación o cumplirá su compromiso de no ser un motor de la deforestación en la Amazonia?
Miguel Ángel Soto (@NanquiSoto), responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace.