Tras un largo y polémico proceso judicial, un tribunal de Camerún acaba de condenar al activista Nasako Besingi a una multa de 1.200.000 francos CFA ($ 2.400 dólares) o 3 años de prisión. También ha sido condenado a indemnizar con 10 millones de francos CFA ($ 17.000 dólares) a las dos partes civiles demandantes.
Después de más de 3 años y múltiples retrasos judiciales, el tribunal ha declarado culpable a este granjero y activista de los derechos humanos procedente del Suroeste de Camerún de los cargos de difusión de información falsa sobre la empresa agroindustrial estadounidense Herakles Farms, y por difamación contra dos empleados de la compañía.
Besingi es director de la ONG camerunesa SEFE, localizada en la ciudad de Mundemba, organización que fue galardonada en 2012 con el premio Taigo para las organizaciones de la sociedad civil, precisamente por su trabajo de denuncia de los casos de acaparamiento de tierras que está llevando a cabo la empresa Herakles Farms. También, en 2014, el periódico Jeune Afrique nombró a Besingi como uno de los defensores de los derechos humanos más importantes, también por su denuncia de la creación de una gran plantación de aceite de palma industrial en el territorio controlado por Herakles Farms. Dicho proyecto agropecuario está destruyendo grandes extensiones de selva tropical que son el hogar de especies en peligro de extinción como el chimpancé, lo que ha provocado la firme oposición de las comunidades locales y la sociedad civil.
Durante estos años de lucha, Besingi ha sido asaltado, detenido sin cargos y amenazado por los empleados de Herakles Farms. Su condena es el primer resultado de una serie de acciones legales en su contra, y dadas las denuncias pendientes podría tener que enfrentarse a futuras condenas.
La persecución de Nasako Besingi es una grave amenaza para la libertad de expresión en Camerún. Por desgracia, no es un caso aislado. En otras partes del país, otras organizaciones y activistas están siendo amenazados por su compromiso con la denuncia de los derechos sobre la tierra de las comunidades locales.
El abogado de Besingi, Adolfo Malle, ha anunciado que van a recurrir la sentencia, ya que los cargos eran falsos y fueron inventados para acallar su denuncia. Para Greenpeace, la situación es preocupante y el gobierno, las empresas y los países donantes debería tomar nota y tomar medidas concretas para garantizar la protección de los defensores del medio ambiente en Camerún.
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