La política de los agrocombustibles, mal llamados “bio”combustibles, en la Unión Europea se encuentra en una encrucijada. En la actualidad, la normativa comunitaria incentiva el uso de tierras agrícolas para la producción de agrocombustibles. Aunque el objetivo era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el resultado es bien diferente. Intentando apagar un incendio lo que se está consiguiendo es avivar las llamas.

El próximo miércoles día 11 de septiembre, los miembros del Parlamento Europeo tienen la oportunidad de solucionar este problema.  Desde Greenpeace estamos pidiendo que se ponga fin a la expansión de los agrocombustibles y que se dé prioridad a las verdaderas soluciones para conseguir un transporte más ecológico.

Muchos años de investigación han demostrado los impactos de la primera generación de biocombustibles elaborados a partir de cultivos como el maíz, el aceite de palma, la colza y soja. En muchos casos, la expansión de estos cultivos se hace a costa de la deforestación de selvas tropicales, sabanas y bosques de turberas. Esto supone grandes cantidades de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera, lo que se conoce como cambio de uso indirecto de la tierra (ILUC). Por este motivo, cuando se tienen en cuenta estas emisiones, la mayoría de los agrocombustibles basados ​​en alimentos tiene una huella de carbono que es peor o no muy superior a los combustibles fósiles a los que sustituyen.

Pero los efectos negativos de la política de la UE en este asunto no sólo afectan el clima. Las plantaciones de monocultivos destinados a agrocombustibles emplean grandes dosis de productos químicos como  fertilizantes y pesticidas, aumentando la presión sobre los recursos hídricos y los ecosistemas.

El hecho de que los cultivos alimentarios tengan como destino tanques de combustible tiene también un impacto en la seguridad alimentaria del mundo. En EE.UU. ya se utiliza el 40% de su maíz para etanol, y en la UE más de 60% de la colza se utiliza para producción de agrocombustibles. Aunque las estimaciones varían, es evidente que el uso de cultivos alimenticios para carburantes ha llevado a altos niveles de volatilidad de los precios de los productos básicos agrícolas. En un mundo en el que la disponibilidad de tierras agrícolas está disminuyendo, el uso de alimentos para combustible no tiene sentido.

Esta expansión de los agrocombustibles basados ​​en alimentos ha sido impulsado por los intereses creados de los grandes productores de cereales y aceites vegetales y los poderosos grupos de presión del agronegocio. Cada año, miles de millones de euros de los gobiernos de Europa son destinados para apoyar la producción de agrocombustibles. Por esto, algunas de estas grandes industrias se resisten a las reformas que obligar a rendir cuentas de las emisiones ILUC, ya que temen que su producto no se considere "verde" y se pueda quedar sin subsidios.

Es absurdo argumentar que los agrocombustibles deban ser apoyados como  parte de una política diseñada para tener un transporte sostenible en Europa y combatir al cambio climático. Su huella de carbono es peor o ligeramente mejor que los combustibles convencionales y su producción pone en riesgo la soberanía alimentaria a nivel mundial.

Además, existen mejores soluciones para recortar las emisiones procedentes del transporte, poniendo mayor esfuerzo en cambiar los patrones de movilidad, invirtiendo  en eficiencia y desarrollando redes de transporte que utilicen electricidad de origen renovable.

Los biocombustibles y el biogás producido a partir de desechos y residuos orgánicos pueden desempeñar un papel importante, siempre y cuando su consumo se mantenga dentro de límites sostenibles. Existe un gran potencial en, por ejemplo, los lodos de depuradora y los residuos agrícolas.

El próximo miércoles los eurodiputados y eurodiputadas tienen un desafío. Pueden continuar con las orejeras, propiciando crisis alimentarias y la destrucción del medio ambiente, o tomar otro rumbo hacia un modelo de transporte verdaderamente sostenible. Greenpeace les está pidiendo que elijan la segunda opción.

Unidad europea de Greenpeace en Bruselas. Autores Sebastien Risso y Sini Harkki de @GreenpeaceEU