Tiene 37 años y trabaja como bombero. “En 2002 dos compañeros y yo decidimos acudir a ayudar para limpiar la marea negra. Decían que había que llamar a unos teléfonos antes de ir. Llevábamos días viendo las imágenes del desastre. Les dijimos que dormiríamos en mi camioneta, que solo nos dijeran a qué playa ir. Pero su respuesta fue que no, que no se podía, que no cabía más gente”. No lo dice pero la mirada de Ina, como le llaman sus amigos, indica que no se lo creyó ni entonces, ni ahora. Pero decidió respetar la indicación y no acudir a Galicia.

Con las mismas ganas de defender el medio ambiente ha participado en las acciones de Greenpeace diez años después de aquel momento. “Como activista tengo la posibilidad de hacer ver a la gente que lo que pasó hace diez años con el Prestige podría volver a pasar”. Por eso no dudó en hacer todo lo posible para que el 4 de noviembre el petrolero Searacer no fuera otro pretrolero más en cualquier puerto de España.

Activistas de Greenpeace localizaron en Bilbao el buque petrolero Searacer con bandera de conveniencia de Malta, registrado en Liberia, con armador griego, aseguradora en Bermudas y la misma empresa clasificadora que la del Prestige, ABS. Un ejemplo claro del mismo entramado de empresas que intervienen en la gestión de estos grandes transportadores de petróleo por todo el planeta.

Ese enjambre de diversidad de países, cuya normativa es muy suave o nula, y de empresas que desaparecen rápidamente si surgen problemas es uno de los escollos con los que se encuentra el Derecho penal en caso de catástrofes ambientales. El caso del Prestige refleja esta situación habitual; ni siquiera se sabe de quién eran las 77.000 toneladas de fueloil que cargaba ni a quién se las iban a entregar.

Diez años después ha comenzado el juicio. En el banquillo cuatro acusados, tres miembros de la tripulación del Prestige y el director general de la Marina Mercante de aquel entonces. Este retraso demuestra la imposibilidad técnica de que el sistema judicial pueda hacerse cargo del enjuiciamiento de catástrofes ambientales. Ninguna de las empresas implicadas está en el banquillo. Y solo una persona representa a las instituciones y hará frente a todas las responsabilidades de ámbito estatal.

Ni siquiera se sabe de quién eran las 77.000 toneladas de fueloil que cargaba ni a quién se las iban a entregar.

Fueron 63.000 toneladas de fueloil derramadas a lo largo de 2.600 km de costa. Fueron seis días los que estuvo el Prestige siendo remolcado sin un destino claro, resistiendo cada golpe de mar como podía, dejando una huella demostrada. Fueron tantas las malas decisiones, los datos no comunicados, las mentiras, las palabras vacías. Y fueron más de 300.000, el doble que toda la población de Salamanca o Huelva, las personas que sí aportaron prestigio y dignidad a aquella situación. De cualquier parte y solo con ganas de ayudar, sensibilizadas, indignadas, preocupadas.

¿Otro Prestige es posible? Sí.

Diez años después, Greenpeace se plantea si podría volver a ocurrir. Mientras las circunstancias no cambien, el resultado será el mismo. La capacidad del Derecho penal continúa limitada en casos ambientales en los que se producen daños de gran envergadura. Sería imprescindible la creación de un cuerpo de peritos forenses ambientales que ayudaran a los Tribunales de Justicia.

La normativa actual exige indemnizaciones insuficientes ya que está limitada la responsabilidad de los operadores, del cargador y del propietario del buque en caso de accidente, así como la cantidad a entregar por las aseguradoras. Es necesario un cambio en el tratamiento jurídico europeo. No deberían darse incoherencias como que, ante un mismo delito, como es la marea negra del Erika, el Tribunal Supremo de Francia haya condenado a la petrolera Total por el desastre, porque ha atribuido responsabilidad al beneficiario real del transporte del crudo (desconocido en el caso del Prestige).

Ninguna de las empresas implicadas está en el banquillo, y solo una persona representa a las instituciones.

La catástrofe de noviembre de 2002 provocó algunos cambios positivos. La Unión Europea estableció que ningún barco monocasco podría entrar en ninguno de sus puertos. Pero sí pueden navegar por sus aguas o entrar en cualquier otro puerto del mundo. De hecho, el Prestige no tenía como destino ningún puerto gallego.

“Son unos hilitos de plastilina”

El entonces vicepresidente, Mariano Rajoy, coordinó el gabinete de crisis creado para el Prestige. Por lo tanto, fue corresponsable de la decisión de alejar el barco en lugar de llevarlo a un puerto refugio. Un año antes se había realizado un simulacro, bajo un supuesto similar al del Prestige, y la decisión adoptada había sido llevar el buque a una zona abrigada en la costa y proceder a la recuperación del fuel.

Pero ocurrió lo contrario. Durante seis días fue remolcado dando vueltas. Ya vertía petróleo aunque el Gobierno lo negaba. Y así comenzó la marea negra. Galicia, una de las capitales mundiales de catástrofes petroleras, no contaba con buques anticontaminación. Hoy en día sí los hay, aunque en el punto de mira por los recortes de la crisis. El día del hundimiento, 19 de noviembre, el Gobierno asegura que ya habían colocado 18 km de barreras anticontaminación pero Mariano Rajoy indica al día siguiente que son la mitad.

Otro Prestige es posible si el principio de que “quien contamina paga” se sigue sin cumplir.

Otro Prestige es posible si el principio de que “quien contamina paga” se sigue sin cumplir. Porque no pagan todos y los que pagan, pagan poco. El análisis económico de los daños acreditados derivados del desastre del Prestige muestra un total aproximado de 1.100 millones de euros. Casi la mitad será cubierto por la Administración española. Y en estos cálculos no se han considerado las ayudas a los afectados; 24 millones de euros en ayudas directas y múltiples ayudas indirectas ya sufragadas por la ciudadanía. (En el juicio se ha admitido un estudio que cifra los gastos en más de 4.000 millones).

Desde la idea de bombardear el Prestige, la afirmación de que las mareas llevarían el chapapote hacia mar adentro, asegurar que el vertido estaba controlado un día antes del hundimiento del barco, día en el que Mariajo Rajoy dijo: “Las cosas se han hecho razonablemente bien. El barco se hundió a una distancia razonable y prudencial”. Al día siguiente, Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Fomento, continuó la línea gubernamental: “Se ha actuado de forma coordinada y diligente ante la catástrofe”. Todos ellos tomaron decisiones. Pero ninguno de ellos se sienta en el banquillo de los acusados.

Ojalá la marea de energía renovable sea la definitiva para evitar otro Prestige, sería una gran manera de olvidar las mareas negras y una buena manera de homenajear la marea blanca de voluntarios que demostró la importancia del medio ambiente para las personas. Ojalá se cumplan las palabras de Ina: “Se deberían tomar todas las medidas posibles para que no vuelva a ocurrir otro Prestige. Y lo primero es dejar de depender del petróleo”.