Comunicado de prensa - mayo 14, 2010
Los activistas japoneses de Greenpeace Junichi Sato y Toru Suzuki tienen altas probabilidades de ir a la cárcel, según les han advertido sus propios abogados. Greenpeace condena que, a pesar de todas las pruebas que demuestran su inocencia y de las numerosas evidencias de corrupción en el programa de caza “científica” del Gobierno de Japón, sean aquellos que defienden las ballenas los que se enfrentan a una posible sentencia de diez años de cárcel.
Greenpeace evidencia que las pruebas contra Junichi y Toru no son consistentes
La asociación ecologista denuncia que cuando se realizaron los testimonios de dos trabajadores de los balleneros, ambos testigos de la defensa, éstos contradijeron una y otra vez lo anteriormente expuesto por otros testigos, las declaraciones hechas por la policía y las de oficiales del Gobierno de Japón.
"Nuestra investigación ha demostrado que existe una malversación rutinaria de la caza de ballenas, financiada por el contribuyente. Por ello, la investigación realizada por Greenpeace es de interés público" ha declarado Junichi Sato, director de Campañas de Greenpeace Japón. "Es preocupante que después de las aplastantes pruebas que demuestran que deberíamos ser absueltos, nos comuniquen que existen altas probabilidades de que seamos enviados a la cárcel"
Las evidencias dadas por los balleneros revelaron que la carne de ballena estaba siendo vendida de manera ilegal, no sólo por la tripulación de los barcos balleneros, sino también por funcionarios del Gobierno japonés. Además, estos dos testigos declararon que parte de la carne se entregó a la Agencia de Pesca de Japón (FAJ). Esta agencia es la responsable de decidir el futuro del programa ballenero y está influida políticamente por la Asociación de Caza de Ballenas (grupo con lazos cercanos a Kyodo Senpaku, empresa que controla la flota ballenera).
"Durante el largo proceso de este juicio, se ha demostrado que Greenpeace actuó defendiendo los derechos de los ciudadanos a ejercer la libertad de expresión y a estar informados, derechos que están protegidos por leyes internacionales" ha declarado Toru Suzuki, de Greenpeace Japón. "El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue claro en su dictamen; no deberíamos haber sido detenidos bajo ningún concepto. Nuestra detención y posterior proceso judicial es un asunto político. Confiamos en que el tribunal tendrá esto en cuenta y seamos absueltos"
Los argumentos finales del juicio tendrán lugar el 8 de junio de 2010.