¿Alguien imagina un banco dando un crédito a un delincuente condenado y reincidente por estafar a la propia entidad bancaria? Obviamente no. Pues esto podría ocurrir en el caso de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente autorice a la multinacional Repsol a realizar nuevos pozos en Tarragona, y por eso Greenpeace presenta alegaciones a este nuevo proyecto.
Un poco de historia
En 2010 el Juzgado nº 3 de Tarragona abrió un procedimiento penal acusando a dos directivos de la empresa Repsol de delito ecológico por los vertidos producidos el 15 de mayo y el 23 de junio de 2009, durante las perforaciones y prospecciones de los pozos Montanazo-5D y Lubina-1, donde vertieron más de 130.000 litros de petróleo al mar. Pero ni Repsol ni la empresa estadounidense contratada para realizar las prospecciones (Pride of North America), comunicaron el vertido que fue detectado por la Capitanía Marítima.
El procedimiento judicial actualmente en curso podría derivar en la condena a Repsol por delito ecológico y por "grave negligencia en el diseño de la instalación y en la previsión de riesgos". Pues bien esta empresa ha vuelto a pedir nuevos permisos para perforaciones petrolíferas en el mismo enclave, frente al Delta del Ebro.
Y la Administración General del Estado se lo está tramitando a pesar de existir un procedimiento penal contra ella. Pero el historial de Repsol no se remonta únicamente a este caso. Entre 2001 y 2013, y solo en sus instalaciones en Tarragona, la multinacional ha tenido 16 episodios vertidos y derrames contaminantes a las aguas.
Es la única petrolera sancionada dos veces consecutivas en un año por el Consejo de Ministros (2009) a causa de sus derrames. Además, la Generalitat de Catalunya sancionó en 2013 a Repsol por tratar de ocultar un vertido tóxico en Tarragona, por el que tuvo que indemnizar a los pescadores locales. La multinacional reconocía en su web oficial (ya no funciona el enlace) que había registrado 6.985 derrames en el medio natural entre 2006 y 2010 en todo el mundo. En 2013 tuvo graves vertidos de petróleo en Alaska y en la costa de Perú.
En definitiva, una empresa con semejante historial de vertidos, contaminaciones y condenas por atentado al medio ambiente, ha perdido cualquier aval para poder solicitar ampliar o realizar nuevos pozos en el entorno de la plataforma Casablanca, en Canarias o en cualquier otro lugar del mundo. Por eso, el Gobierno español no puede autorizar la realización de nuevos pozos a esta multinacional si no quiere ser coparticipe de lo podría ser una catástrofe anunciada.
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