Vivimos tiempos convulsos en materia nuclear en España. La incoherencia del gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero al respecto ha sumergido a la ciudadanía en la confusión, de la cual se aprovecha el lobby nuclear, que hace suyo eso de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

En un exceso de propaganda, que no de correcta información, el lobby nuclear se ha apresurado a proclamar a diestro y siniestro que la recién aprobada Ley de Economía “Sostenible” permite ahora “extender la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años que hasta ahora estaba permitido”.

Doblemente falso. Por un lado, no es cierto que en España estuviera fijado por Ley que las centrales nucleares pudieran funcionar 40 años y, por otro, tampoco es cierto que la Ley de Economía “Sostenible” permita ahora extender la vida útil de las centrales nucleares más allá de 40 años.

En España, las centrales nucleares no han tenido nunca una determinada vida útil fijada por Ley. Todas ellas funcionan con permisos de explotación provisionales, cuya renovación, a petición del titular de la central, concede el Gobierno central, tras recibir el preceptivo -pero no vinculante- informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.

Retrocedamos a principios de julio de 2009, cuando caducaba la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (38 años de vida, y graves problemas de seguridad). La compañía propietaria, Nuclenor (Iberdrola 50% y Endesa 50%), había solicitado una prórroga de 10 años, hasta el 2019. El Gobierno, en lugar de cerrarla en 2009, aunque poseía argumentos de peso para ello, finalmente decidió ordenar el cese definitivo de su explotación en 2013. Unos días después, molesto por las críticas recibidas, Zapatero anunció públicamente que fijaría en 40 años la vida útil de las centrales nucleares, mediante la Ley de Economía Sostenible, en cumplimiento de su programa electoral.

El Programa electoral del PSOE a las Elecciones Generales 2008 dice: “Mantendremos el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil, dando prioridad a la garantía de seguridad y con el máximo consenso social, potenciando el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables, la generación distribuida y las redes de transporte y distribución local”.

Cuando inició su tramitación, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible llevaba en su articulado, en efecto, la limitación a 40 años de la vida útil de las centrales nucleares (un lapso de tiempo ya de por sí generoso con la industria nuclear, dado que la vida útil técnica es de 30 años). El Proyecto de Ley salió del Congreso al Senado con ese artículo tal cual, pero, por arte de birli birloque, en el Senado desapareció la referencia a los 40 años: el propio PSOE pactó, subrepticiamente, con PP, CiU y PNV una enmienda en ese sentido. Y así se quedó, pese al escándalo que se levantó, en  el trámite final en el Congreso. Lo que nos deja igual que estábamos: sin que esté fijado por ley la vida útil de las nucleares, que sigue estando en un limbo legal.

Así pues, lo único que es cierto es que el PSOE y Zapatero han reculado ante las presiones del lobby nuclear y han renunciado a fijar por Ley la vida útil de las centrales nucleares en 40 años. Y, en consecuencia, que han renunciado a cumplir su compromiso con los ciudadanos de abandonar la energía nuclear.

Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace

- Campaña de Nuclear de Greenpeace