Después de la rueda de prensa de cada martes del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha anunciado la aprobación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019. Esto que, a priori, podría ser una buena noticia, encierra la pretensión de construir 8 nuevas incineradoras de residuos domésticos, una por provincia andaluza.
El despropósito es de tal calibre que evidentemente se trata de un globo sonda para que finalmente salgan adelante uno o dos de estas plantas. La táctica es debilitar a los posibles movimientos contrarios a estos proyectos en múltiples frentes, lo que finalmente resulta bastante efectivo. Más aún cuando nos enfrentamos con políticos y empresarios que se dedican a tiempo y sueldo completo a estas tareas.
La larga sombra de las constructoras cae sobre los residuos urbanos. Visto el descalabro del mercado inmobiliario, esta empresas han puesto su objetivo en la construcción y gestión de macroplantas que quemarán durante décadas cualquier posibilidad de implantar medidas sostenibles de reducción, reutilización y reciclaje. Ejemplos de este tipo de operaciones son los proyectos de incineradoras de Asturias, Gipuzkoa y Navarra.
¿Son necesarios estos grandes hornos? La respuesta es claramente no. Y no sólo por cuestiones ambientales o de salud. Si cumplimos con los objetivos que fijan las Directivas europeas y las leyes españolas (y que actualmente se incumplen) la tendencia es que la fracción resto, que es lo que quemarían las incineradoras, llegue a descender por debajo del 15-20% del total de nuestra bolsa de basura. Y más aún, cuando las leyes en los próximos 30 años, que es la vida útil de estas plantas incineradoras, van a seguir aumentando sus objetivos de reducción, reutilización y reciclaje. Esto traducido a cifras y balances económicos hace totalmente inviable construir y mantener una gran planta ( las que son rentables). El resultado es que se quemarán toneladas de materiales recuperables materialmente (sobre todo derivados del petróleo) y no se podrá invertir en políticas de "Residuo Cero".
De nuevo la Junta de Andalucía se cubre de gloria, apostando por un medio ambiente que sólo ellos entienden como sostenible.
Julio Barea, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace
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