En un nuevo capítulo de la enrevesada historia del hotel de El Algarrobico, hoy comienzan a declarar los 30 activistas de Greenpeace por la acción de febrero de 2009 en la que se cubrió el hotel con una lona verde. Con esta acción pacífica quisimos “borrar” el hotel ilegal de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y denunciar la renuncia del Gobierno a expropiar los terrenos públicos donde se ubica.

Dos años después, los activistas son llamados a declarar en los juzgados por denunciar lo que los propios juzgados han reconocido en más de una docena de pronunciamientos. Parece un trabalenguas pero es la incomprensible realidad de una maraña de procesos judiciales en los que se ha dado la razón en 16 ocasiones a la ilegalidad del hotel, y los que la empresa promotora y el Ayuntamiento de Carboneras han dilatado mediante innumerables recursos tratando de defender lo indefendible.

Sin embargo, han pasado seis años desde que se publicase la orden ministerial que deslindó los 100 metros de servidumbre de protección en los que se incluye el hotel, cinco años desde que se paralizasen las obras y tres años desde que comenzasen a llover los pronunciamientos a favor de la ilegalidad de la licencia de obras, de la validez de la orden ministerial y de la invalidez del PORN de 2008. Pero el hotel sigue en pie y quienes se sientan hoy en los tribunales no son quienes han permitido que se construya el hotel sino quienes defienden pacíficamente lo que la propia justicia ha reconocido.

El hotel de El Algarrobico es algo más que 21 plantas de ladrillo y cemento en un Parque Natural a 14 metros de la ribera del mar. Es un símbolo de lo que ha sido el pasado y presente de nuestras costas y cuál será su futuro. Los motivos que fundamentaron en 2005 la declaración de utilidad pública de los terrenos y el consecuente inicio del expediente de expropiación por parte del Ministerio de Medio Ambiente siguen vigentes, y reforzados si cabe por sentencias judiciales. Pero aún con el cambio de Ministra, continúan las excusas.

El hecho de que el hotel aún esté en pie sigue enviando el mensaje de que en nuestras costas la ley no es igual para todos y que el esfuerzo de las administraciones por defender lo público es distinto según quien lo ocupe. 

Elvira Jiménez, campaña de Costas de Greenpeace

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