La filtración de los papeles secretos del TTIP permitió a la ciudadanía conocer y sensibilizarse ante los planes a menudo ocultos que los organismos europeos tenían para ellos en cuanto al libre comercio con otros países. Desde entonces se van revelando más datos de los documentos y más opiniones de los distintos Estados miembros. Recientemente el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, declaraba que después de 14 rondas de negociación el TTIP “había fallado”. Se le sumaba a continuación el secretario de Comercio Exterior del Gobierno francés, Matthias Fekl, que anunciaba la demanda de suspensión ante las autoridades europeas del TTIP. Para algunos es la muestra de que le estamos ganando la partida al tratado, para muchos otros se trata de una maniobra electoral y una cortina de humo para ocultar la posición de los socialdemócratas europeos en el acuerdo con Canadá, que apoyarían al 100%. Y es que incluso si el TTIP fracasara a causa de las protestas, muchos aspectos del mismo podrían llegar por la puerta trasera a través del CETA. Por ejemplo, bastaría con que un consorcio estadounidense tuviera una sucursal o una filial con actividades de negocio sustanciales en Canadá para que se pudiera presentar una demanda inversor-estado contra un país miembro de la UE. Pero el escándalo del CETA no se queda ahí. La Comisión Europea quiere que el tratado se apruebe sin requerir la aprobación de cada uno de los parlamentos nacionales de los Estados miembros.

En cuanto a la opinión de la calle, cada día es más negativa respecto a estos tratados. En el último Eurobarómetro ha disminuido el apoyo de los europeos al TTIP y los países en los que más ha caído son España y Croacia, con un 8% ambos, Polonia, con un 7% y Malta e Italia, con un 6%. En Alemania, país crucial en la negociación, la oposición al TTIP de los ciudadanos es de un 59%. En conjunto, el 51% de los europeos apoya el TTIP y el 34% está en contra y el resto se muestra indeciso.

Y de la misma generación de estos tratados de comercio es el TISA, centrado en la privatización de servicios públicos, que comienza a estar en boca de la opinión pública. Su gran secretismo hace que no se sepa mucho de él, pero se conoce que se está negociando por medio centenar de países con realidades económicas y laborales muy diversas, como Noruega, Pakistán o México y en el que asimismo participan naciones con políticas laxas en el control de capitales, como Panamá y Suiza. Es un acuerdo en el que la UE está representada por la Comisión Europea y que pretende fijar una serie de normas que regulen los servicios a escala global. Estas normas impedirían, por ejemplo, que los diferentes Estados miembros puedan legislar en favor de la voluntad popular blindando las privatizaciones, las liberalizaciones y la presencia de las grandes corporaciones multinacionales en sectores que van desde las telecomunicaciones, al transporte, pasando por la banca, la sanidad o las pensiones.

Mónica Ortega
Responsable de comunicación
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