Tras cumplirse un año de la catástrofe, lejos de haber sido indemnizados y de haber podido restablecer sus proyectos vitales e ilusiones, continúan después de un año bajo la amenaza de la contaminación y atrapados en la maraña de errores de su gobierno y de la industria nuclear. Son las nuevas víctimas de este sector que cuenta con más de 400 reactores en todo el mundo.
Sus rostros nos llegan retratados por el premiado fotógrafo alemán Robert Knoth en una exposición que recorre varios países. Recala junto a Lecciones de Fukushima, la investigación que Greenpeace ha desarrollado sobre el estado actual de la catástrofe y sus consecuencias, y lo que deberíamos aprender de ella.
Knoth –que ya fotografió en blanco y negro a los niños víctimas de Chernóbil- nos recuerda en estas imágenes directas, secas, que tras los intereses políticos y económicos hay relatos quebrados.
Sadako Monma aparece en la foto con una cuna detrás. Es directora de una guardería en Fukushima, a tan solo 60 kilómetros de la central. La primera vez que Monma salió de su país fue unos días antes del primer aniversario de Fukushima. Su destino: España. Su misión: contar su historia para evitar que catástrofes como la que ella ha vivido se vuelvan a repetir. Sadako nos contó cómo de los más de 20 niños que acudían a su guardería tan solo permanecen ocho. El resto ha abandonado Fukushima por miedo a la radiación. Su guardería está contaminada; las autoridades tienen que descontaminar la arena del jardín, cambiar el tejado, las barras metálicas de los columpios, las tuberías de desagüe... Los niños ya no pueden jugar al aire libre. Han tenido que adaptar un polideportivo en la zona para que jueguen en un recinto más grande que sus casas. Sadako Monma no va a poder mantener su guardería. Al principio creía que con las labores de descontaminación se iba a arreglar todo pero ahora ya no lo cree. Hoy tiene miedo, sabe que ha de buscar otro lugar para abrir una nueva escuela infantil, sabe que no puede seguir teniendo un jardín con arena contaminada. Sólo le pide una cosa al Gobierno japonés: “yo no quiero su dinero, solo quiero que cierren todos los reactores nucleares. Solo quiero que esto no vuelva a ocurrir nunca más”.
Ellos son solo algunos semblantes de los más afectados; unos forman parte de los más de 100.000 evacuados forzosos, otros de los que han permanecido en el área contaminada y, por último, algunos integran los 50.000 que se han evacuado voluntariamente por temor a la radiación, desconfiando de las afirmaciones tranquilizadoras de su gobierno. Todos conviven con el hecho de que la crisis aún no está solventada. Así es: tal y como analiza el informe citado, la situación de los reactores es todavía frágil; Tepco (la compañía eléctrica que gestiona Fukushima Daiichi) se ha visto obligada recientemente a enfrentar escapes de radiactividad y es muy probable que tenga que luchar contra alguno de mucha mayor intensidad.
La investigación también plasma algunos escenarios no muy alentadores para la población. Por un lado, durante el periodo de emergencia, el plan de evacuación que realizó el Ejecutivo japonés no logró evitar la exposición a la radiactividad de sus ciudadanos. Fukushima ha demostrado que el concepto de evacuación basado en círculos concéntricos es rígido e inadecuado. Así como confinar a los habitantes en sus hogares es insuficiente tras diez días de liberación radiactiva.
Aún hoy, un año después, el informe comprueba que es urgente mitigar esta exposición en áreas donde la gente todavía vive. Además, los estándares de radiactividad utilizados en la actualidad por el gobierno son mayores que los empleados internacionalmente (el límite anual al que puede estar sometido en Japón un niño, por ejemplo, es de 20 milisieverts, el mismo que el de un trabajador en la planta nuclear). Tampoco hoy las autoridades son capaces de controlar la radiactividad en ciertos alimentos que se venden en el mercado y desconocen cómo enfrentar de forma eficaz los extensos territorios contaminados y la vasta cantidad de deshechos radiactivos. Lo que sí es claro es que el paso del tiempo es la única receta para las zonas más afectadas.
Los retratados por Robert Knoth continúan viviendo situaciones muy difíciles. Muchas familias se han tenido que separar; han perdido sus hogares, sus comunidades y sus trabajos; viven en pisos de residencias y en algunos casos su coste de vida se ha incrementado.
La señora Satsuki Ikeda ha sido otra de las elegidas por la cámara de Knoth. Aparece ataviada para el trabajo, con impermeable, botas, en el campo. Nueve generaciones de su familia han vivido en Litate, localidad a unos 40 kilómetros de la central nuclear, fuera de los 20 kilómetros de la primera zona de evacuación. Litate tuvo que ser abandonada, sin embargo, en abril, después de que observadores no gubernamentales (como la Agencia de Energía Atómica Internacional o Greenpeace) detectaran un exceso de radiactividad. Satsuki regentaba entonces con sus hijos una granja; tuvieron que ser evacuados a la ciudad de Fukushima. En la actualidad vive en un centro terapéutico; dice sentirse devastada por la pérdida de su pueblo, de su trabajo y de sus cultivos. Satsuki, como otros evacuados, vuelve de cuando en cuando por un día a su pueblo con la intención de mantener en condiciones su casa. Cada dos meses se reúne también con algunos exhabitantes de Litate para hablar de sus problemas y tratar de organizar los festivales religiosos que aún juegan un papel importante para la comunidad.
Satsuki Ikeda se siente devastada por la pérdida de su pueblo, su trabajo y sus cultivos.
Por la mirada de Robert Knoth han pasado asimismo el señor Oyama y el señor Ogunimaru. Ambos perdieron sus trabajos tras la crisis nuclear. Oyama, miembro del Minamisoma City Council, decidió quedarse en la zona sur de la ciudad, demasiado contaminada para vivir, mientras su familia e hijos se alejaban. Está solo desde los primeros días del accidente y la escuela donde daba clases de cerámica está cerrada.
Ogunimaru, por su parte, era propietario de una embarcación de recreo, transportaba a sus clientes en tours pesqueros. La mayoría de ellos provenían de Tokio; ante la evidencia de la grave contaminación radiactiva en el mar se han olvidado de estas salidas vacacionales. Ogunimaru y algunos de sus colegas continúan pidiendo una compensación económica que no llega y por ello se ha visto obligado a coger otro trabajo.
Tampoco el joven Kenta Sato ni el matrimonio Ogawara lo tienen más fácil. Sato, de Itate, ahora vive en la ciudad de Fukushimia y está en paro, acude a sus ahorros para sobrevivir. El 21 de marzo, diez días después de la crisis, Sato comenzó a utilizar su twitter para presionar al gobierno a que informara con veracidad sobre el accidente. Sato subraya las graves discusiones intergeneracionales provocadas tras el 11 de marzo. Mientras que los más mayores defendían su derecho a quedarse en sus localidades, los más jóvenes querían huir al poco de producirse la crisis nuclear. Sato, que echa de menos su pueblo, amigos y familia, cuenta que su padre le presionaba a seguir en su empleo; él se preguntaba quién asumiría la responsabilidad si los trabajadores caían enfermos. En su opinión, no solo la gente ha sido la afectada sino también una forma de vida que cree que no volverá.
El matrimonio Ogawara, de Funehiki, regenta por su parte una granja orgánica desde hace 26 años y seis generaciones familiares. Después del desastre, se evacuaron con sus hijos en Koriyama. Pero tras cinco días allí, el señor Ogawara y su madre tomaron la decisión de volver para alimentar a los animales de su granja.
Uno de los problemas más graves al que se enfrentan todos los afectados es la falta de compensación económica hasta la fecha. La primera ayuda financiera fue simbólica, de 13.045 dólares, suministrada por Tepco solo a la gente que tuvo que ser realojada por varios meses. La que iba a ser una cuantiosa y justa compensación económica empezó seis meses tarde y aún no se ha realizado. Lo único que hizo Tepco fue entregar a los afectados un pliego de solicitud de 60 páginas, acompañado por otras ¡150 de instrucciones!
Uno de los problemas más graves de los afectados es la falta de compensación económica hasta la fecha.
En una de sus secciones más rocambolescas se pedía a los solicitantes de indemnización que justificaran mediante facturas el coste de retornar a sus casas a recoger sus pertenencias. Mucha gente luchó por entender aquella documentación, otros simplemente desistieron y eligieron olvidar la ayuda económica, buscar otros empleos y seguir adelante.
Aunque Japón es uno de los países que mejor enfrentan los devastadores efectos de las catástrofes naturales, no está siendo así con la crisis nuclear. Fukushima ha demostrado que éstas pueden ocurrir en cualquier país, incluso en los más ricos y tecnológicamente desarrollados. En España, la central nuclear de Garoña es idéntica a Fukushima Daiichi y la más antigua de nuestro parque nuclear. El nuevo gobierno, aún así, decidía hace pocas semanas prorrogar su actividad hasta 2019. Y eso que, aunque la industria nuclear continúa asegurando que un accidente atómico relevante solo ocurre una vez cada 250 años, la realidad demuestra que el mundo padece una crisis importante cada década.