A la memoria de Chico Mendes se han sumado en los últimos meses otros defensores de la Amazonia como José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa Maria do Espírito Santo da Silva, tiroteados en Pará el pasado mayo, o la de del líder local, Adelino Ramos, también asesinado en mayo en el estado de Rondonia. La razón: denunciar los abusos de la industria agropecuaria o minera.

La defensa de la Amazonia nunca fue algo fácil, pero en los últimos meses la cuestión ha tomado un cariz diferente; más crispado, más peligroso. Son muchos los intereses que hay en peligro si la reforma del Código Forestal brasileño que se ha debatido con intensidad en los últimos meses no se aprueba en la forma que quiere el poderoso sector agropecuario del país. Y ante el dinero, la vida vale poco en la Amazonia. Esto lo sabe muy bien Paulo Adario, director de la campaña Amazónica de Greenpeace que ha recibido numerosas amenazas de muerte por sus denuncias y cuyo trabajo hace unas semanas le valió el reconocimiento de la ONU, que le concedió el premio de Héroe Regional de los Bosques.

“El premio es un homenaje a todos los que luchan cada día para proteger los bosques y supone una clara advertencia de la ONU sobre la crisis a la que se enfrentan los bosques, ya que son una pieza fundamental para mantener el equilibrio en el planeta y luchar contra el cambio climático”, comentaba Paulo Adario desde Nueva York adonde fue a recoger el premio.

La situación de la Amazonia es grave y el Código es una de las escasas herramientas que tienen sus defensores para luchar contra la deforestación. “Se están reduciendo áreas de protección en la Amazonia; hay proyectos de infraestructuras que están destruyendo la región y Dilma está ausente de las discusiones que están debilitando el Código Forestal”, aseguraba Adario.

La reforma supondrá dar vía libre a la deforestación de una superficie equivalente a la del Reino Unido.

Unidos contra la selva

Aunque la reforma no influiría a priori en la vida diaria de la mayoría del pueblo brasileño, hay tantos intereses económicos en torno a ella que ha puesto en pie de guerra a uno de los sectores económicos más poderosos del país: el agropecuario, que ejerce una influencia tal en los políticos brasileños que ha provocado que una reforma escrita con la pluma de los grandes terratenientes haya encontrado un apoyo aplastante en el Parlamento de Brasilia.

Esta es, sin duda, una de las claves de la cuestión. La presencia mayoritaria de los “ruralistas” en ambas cámaras del Parlamento brasileño –un colectivo mayoritario de parlamentarios de diferente signo que apoyan los intereses de los grandes empresarios agropecuarios brasileños–, ha facilitado que saliera adelante una propuesta de reforma que claramente beneficia a quienes han incumplido la ley en el pasado y da pie a que aumente la deforestación en el futuro.

Y es que los grandes industriales agrícolas y ganaderos, deseosos de aumentar la superficie de sus fincas, no podían seguir tolerando aspectos del actual Código Forestal como el que les obligaba a proteger el 80% de la masa forestal de sus tierras (ahora se reduciría al 50%) o que las márgenes de los ríos contaran con una protección de 30 metros a cada lado, superficie que se reduciría con el nuevo código a la mitad.

Al otro lado se encuentra buena parte de la sociedad civil brasileña –incluida la Iglesia católica– que considera inaceptable una ley que de facto supone una amnistía para los grandes “deforestadores” y que esgrime los contundentes datos del propio Gobierno brasileño para demostrar lo injusto de la reforma que supondría legalizar cerca de 30 millones de hectáreas taladas ilegalmente en las últimas décadas y renegar de más de 4.000 millones de euros en multas, además de dar vía libre a nuevas deforestaciones en los próximos años. Brasilia calcula que el nuevo texto supondrá dar vía libre a la deforestación de entre 22 a 47 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la del Reino Unido.

El dilema de Dilma

Y en medio de este baile de cifras, la sociedad brasileña mira hacia su presidenta: Dilma Rouseff, que en última instancia es quien debe sancionar la norma y que ya ha manifestado que no lo haría si no se producen cambios importantes. Esto a pesar de que la propuesta ha salido de su propio Gobierno y de que la mayoría de sus compañeros de partido sean “ruralistas”.

Es quizás este dilema frente al que se encuentra Dilma, y al que también se enfrentó Lula, el que ha provocado que la propuesta lleve diez años de negociaciones y que haya pasado de la cámara baja a la alta y viceversa sin que aún se haya acordado un texto que entregar a la presidenta. Y es que incluso esa mayoría de parlamentarios “ruralistas”, por muy alineados que se encuentren con el lobby terrateniente, son conscientes de que Dilma debe contentar a toda la sociedad brasileña que, aunque viva en ciudades o no tenga una relación directa con la Amazonia, no ve con buenos ojos que se concedan privilegios a los poderosos.

Desde Manaos, la capital del estado federal de Amazonia, la ingeniera agrónoma experta en Bosques de Greenpeace, Tatiana de Carvalho, es especialmente crítica con la reforma. “La Amazonia no necesita una reforma así”, apunta. “Es posible satisfacer a todos, si lo que necesitan son más campos de cultivo y más pastos, hay otras alternativas, ya que Brasil cuenta con inmensas superficies sin bosques que o no se usan o se hace de forma ineficiente. El problema no solo se quieren más tierras, sino que se persigue amnistiar a quien ya ha deforestado y abrir la puerta a que se siga haciendo en el futuro”.

Las autoridades brasileñas aseguran que la norma regularía una situación insostenible, ya que actualmente millones de hectáreas se encuentran fuera de la ley. Sin embargo, De Carvalho responde que esto enviaría una señal totalmente contraria a los ganaderos y agricultores, ya que por un lado les haría ver que no es necesario cumplir las leyes ambientales porque no recibirán castigo alguno por su incumplimiento: “¿Quién va a molestarse en cumplir las normas en el futuro?”, se pregunta De Carvalho, “esta propuesta de reforma es como una invitación a continuar deforestando”. Este argumento lo avala el hecho de que en hasta el propio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), haya constatado que desde que en mayo del año pasado se conociera la propuesta de reforma con la promesa de amnistía, la superficie deforestada aumentó un 50% con respecto al año anterior.

Incluso la ex ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, que participó en el primer Gobierno de Lula y que fue destituida por las presiones del lobby agropecuario, lanza desde su página web oficial advertencias sobre las fatales consecuencias de la ley y hace unos meses firmó una carta junto a otros nueve exministros de Medio Ambiente del país para pedir a Dilma que impida “un desastre anunciado”.

Mientras tanto, Dilma se toma su tiempo. En junio Río de Janeiro acogerá la conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, y la presidenta es consciente de que la aprobación del código sería una nefasta carta de presentación ante el mundo. Hay quien apunta a que puede que Dilma apruebe la norma próximamente pero que vete ciertas partes o que simplemente espere a que termine la conferencia Río+20 para ganar tiempo y tratar de alcanzar un acuerdo que, salvo para los defensores de la Amazonia que aún mantienen la esperanza, todos coinciden que abrirá una herida grave en el pulmón del planeta.