A primera hora del 29 de noviembre, una veintena de activistas comenzaron la acción pacífica. Escaladores de la organización subieron a una de las estructuras donde montaron un pequeño campamento con una gran pancarta donde se leía: Resistencia Doñana. Mientras, se establecía otro campamento de resistencia en tierra, con una veintena de activistas bloqueando la puerta de entrada bajo el lema: Doñana no es un almacén de gas. Un poco más tarde, otro grupo interceptó maquinaria de obra, que también bloqueó. Tres escenarios diferentes y un único objetivo.

Cadenas, tubos, bidones… los activistas se aseguran de que ningún vehículo de trabajo entre o salga de las instalaciones (los coches particulares y la salida de trabajadores está garantizada). La protesta se desarrolla con tranquilidad mientras se acercan hasta la entrada numerosos medios de comunicación, vecinos y colectivos locales. La plataforma Salvemos Doñana y otras organizaciones acompañan a los activistas y les llevan comida, como agradecimiento por su labor en defensa de un espacio tan castigado como valioso.
Al cumplirse 50 horas de la protesta, 50 horas encadenados, los activistas de Greenpeace trasladaron sus reivindicaciones a la Delegación del Gobierno y a la Junta de Andalucía. Levantaron el campamento de resistencia y llevaron hasta Sevilla las más de 75.000 firmas recogidas para exigir la inmediata paralización de las obras.

Lo hicieron en un día clave para el futuro del Parque, cuando finalizaba el plazo dado por la Unesco a España para informar de las medidas que iba a tomar para cumplir con las recomendaciones de este órgano internacional para proteger Doñana. De no ser suficientes las medidas propuestas, el Parque podría perder su figura de protección de Patrimonio de la Humanidad y ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial en peligro en 2017.

Desde que Gas Natural Fenosa comenzó su nuevo plan para extraer y almacenar gas en Doñana, Greenpeace ha llevado a cabo una intensa campaña de presión para pedir su paralización. La organización, junto con otros colectivos, ha denunciado por diversas vías los peligros de un proyecto que nunca debió ser aprobado. Las advertencias de los expertos son claras: afecciones para la biodiversidad del Parque Nacional, contaminación en las aguas superficiales y subterráneas, riesgo de terremotos. Todo en un escenario de puertas giratorias y de “atajos” legales (como aprobar por separado la Declaración de Impacto Ambiental en vez de como el conjunto de los cuatro proyectos).

Pero además de ser peligroso e innecesario, este proyecto aleja a España de cumplir con el Acuerdo de París cuyo objetivo es la lucha contra el cambio climático ya que retrasa la necesaria transición a un modelo energético renovable.

El proyecto de transformar Doñana en un almacén subterráneo de gas es incompatible con garantizar un futuro para este espacio natural. Por eso Greenpeace va a seguir denunciando y luchando para lograr que las administraciones implicadas lo prohíban. Porque, como explicaba la activista andaluza Carmen: “Doñana es de todos, no de las empresas”.