Fue la imagen del día en la capital andaluza el 1 de junio pasado. Ahí se negociaba carbón por salud. Y lo hacían representantes gubernamentales, representantes de la industria y alguna organización civil, como la CAN (la red europea de acción climática). Pero había gato encerrado. Las empresas más contaminantes de la UE (es decir, las eléctricas dueñas de centrales térmicas de carbón) estaban en primera fila negociando. No solo con sus representantes oficiales frente a los gubernamentales, sino en algunos casos desde las propias delegaciones de gobierno de los países, en el papel de representación de los intereses comunes de toda la ciudadanía.

Tras destapar el escándalo en marzo, Greenpeace consiguió que la delegación española formada por doce miembros, redujera a la mitad sus entonces ocho representantes de las eléctricas. Pero cuatro de ellos seguían formando parte de la delegación gubernamental en Sevilla. Además de España, el lobby energético había conseguido asientos en otras delegaciones estatales de países como Reino Unido, Grecia o Portugal.

“Es un triste ejemplo más de las puertas giratorias en la industria energética española. Así frena las energías renovables, las únicas que aportan una solución real a la contaminación, al cambio climático y las únicas que no son perjudiciales para la salud”, opina Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.

Greenpeace ha podido arrojar algo de luz sobre un proceso opaco, que sucede a espaldas de las personas, a pesar de que está en juego su salud. El informe “Carbón Tóxico”, concluye que las bajas exigencias para la contaminación de las grandes instalaciones de combustión podrían provocar alrededor de 71.000 muertes prematuras al año en toda Europa, 2.000 solo en España. La nueva normativa europea para limitar la contaminación industrial del aire se aprobará a principios de 2016.