Magazine / agosto 2015

Cortos

    

© Robert Marc Lehmann/ Greenpeace

Pesca ilegal de tiburón

Decían que pescaban atún, pero pescaban tiburones. Luego les cortaban las aletas y tiraban por la borda sus cuerpos, una práctica ilegal conocida como “finning”. Después las pegaban con cinta adeshiva a cuerpos de otros tiburones de menor tamaño para poderlos pasar por la aduana española en Vigo. Y finalmente fueron denunciados por sus propios tripulantes, por trabajar en condiciones de esclavitud.

Se trata de la compañía portuguesa Pescarias Cayon & Garcia LDA y su barco “Ártico”, que faenaba de esta manera en el linde de las aguas neozelandesas. Un proceder aberrante que está conduciendo a especies de tiburones de todo el mundo al abismo de la extinción, y que Greenpeace ya denunció en noviembre de 2014.

Estas prácticas son una clara muestra de que aún queda mucho por hacer. Pero cada vez somos más las personas convencidas de la necesidad de proteger los océanos y el medio ambiente. Tú ya lo sabes. Gracias por luchar junto a nosotros. Juntos lo conseguiremos.

© Marizilda Cruppe/ Greenpeace

España: puertas abiertas a la madera ilegal

Al Ministerio de Medio Ambiente no parece preocuparle que entre madera procedente de tala ilegal en España. En poco más de un año ya hemos denunciado dos veces la importación de madera ilegal en nuestro país, sin que el ministerio tome cartas en el asunto.

La primera fue en mayo de 2014. Expusimos los fraudes, chanchullos y tretas con los que se blanquea la madera talada ilegalmente en la Amazonía brasileña. Además, señalabamos que la madera de ipé, la nueva caoba, acaba siendo utilizada en obras públicas en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Zaragoza o Bilbao. Después, en marzo de este año, denunciamos a la empresa López Pigueiras, que importa madera ilegal de Brasil.

Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente prefiere incumplir la normativa europea, que le obliga a combatir el comercio de madera ilegal. ¿A qué está esperando la ministra Tejerina?

© Greenpeace/ Clive Shirley

El sol va a dejar de ser gratis

El Gobierno va a establecer un “impuesto al sol”, a pagar por quienes quieran generar su propia energía y estén conectados a la red eléctrica. Es un paso más del baile del ministro de Industria, José Manuel Soria, al compás de las grandes eléctricas en su objetivo de boicotear y desincentivar el autoconsumo de energía.

Este impuesto no grava una dificultad técnica, sino que constituye toda una declaración política contra quienes quieran producir su energía. Establece que los autoconsumidores paguen por duplicado los costes que tiene el sistema eléctrico: primero cuando consumen energía de la red, y segundo cuando consumen la energía que ellos mismos producen.

No podemos permitirlo. El ministro Soria tiene que reflexionar y dejar de apostar por un modelo contaminante, obsoleto y que únicamente defiende los beneficios económicos de las grandes eléctricas a costa de la ciudadanía y los consumidores. Firma ya para pedir un modelo renovable, limpio y eficiente en www.greenpeace.es/renovablesya

© Greenpeace

Absueltos (otra vez)

Iberdrola se ha vuelto a poner en evidencia. Ha querido desacreditar la protesta pacífica pidiendo una multa de más de 350.000 euros a Greenpeace y tres años de prisión para 16 activistas y un fotoperiodista independiente por denunciar la energía nuclear en la central de Cofrentes, en Valencia.

Lo pidió el pasado mes de diciembre, y lo ha vuelto a hacer en mayo recurriendo la sentencia original. Pero en ambos casos se ha llevado un gran chasco: la justicia ha sido más sensata, y apenas ha escuchado la descabellada petición de Iberdrola. En diciembre limitó a multa a 19.512 euros por daños a la valla de la central y otros daños menores, y ahora añade 29.779 euros en concepto de limpieza de la pintada de la torre de refrigeración.

Esto es, sin duda, un símbolo de la importancia de la protesta pacífica que todos los socios y socias habéis logrado con vuestro constante apoyo a Greenpeace, a los Cofrentes17 y al medio ambiente. Una vez más, ¡gracias!

© Greenpeace/ Juan Carlos Hidalgo

Multa por Deepwater Horizon

La petrolera BP va a pagar 18,7 mil millones de dólares por el vertido de crudo de Deepwater Horizon en el golfo de México en 2010. Indemnizará con esa cantidad a los cinco estados de EE.UU y 400 gobiernos locales afectados por el derrame.

Es la mayor multa de la historia de EE.UU. Pero lo que no va a compensar el dinero es la devastación de los ecosistemas del Golfo y de las comunidades costeras. Se han perdido vidas humanas y modos de ganarse la vida, y ecosistemas y animales han quedado irreparablemente dañados. La mortalidad de delfines es la peor registrada en la historia y parece que continúa a día de hoy. Algunas áreas de coral del Golfo han desaparecido completamente y, si su recuperación es posible, llevará cientos de años.

Pero lo más preocupante, como ocurrió con el Prestige, es que no se están tomando medidas para evitar más desastres similares en el futuro. La seguridad de las perforaciones apenas ha mejorado desde entonces. Y, en cualquier caso, la solución definitiva pasa por abandonar los combustibles fósiles y apostar decididamente por las energías renovables. Esperemos que los gobiernos se den cuenta de ello sin que tengan que ocurrir muchos más vertidos como este.

© Greenpeace

Denuncia para los piratas pesqueros

Ser pirata te puede costar un ojo de la cara. La compañía pesquera Vidal Armadores lo sabe bien: se enfrenta a una multa de 10 millones de euros tras ser denunciada por el Gobierno en junio.

Vidal Armadores tiene un extenso historial de saqueo y expolio a los océanos. Desde 1999 sus barcos han sido detenidos en al menos once ocasiones, han recibido siete condenas (una de ellas de cárcel para uno de los propios miembros de la familia Vidal), y tres de sus barcos han sido confiscados y multados por valor de más de 3 millones de euros. A pesar de ello, seguir ejerciendo pesca ilegal le salía rentable: tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia le concedieron cerca de 16 millones de euros en subvenciones pesqueras. Pero por fin, seis años más tarde de que Greenpeace denunciará todos estos hechos ante la Audiencia Nacional, se han tomado medidas.

Esperemos que esto sirva como toque de aviso a todos las compañías que llevan a cabo pesca ilegal. Puede que hoy les reporte beneficios económicos, pero cuando sus redes destructoras salgan del agua vacías comprobarán que el precio de ser ilegal es mucho mayor que el de cualquier multa.