Una de cal y dos de arena para los océanos

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Cuando lo habitual es recibir malas noticias sobre la situación de los océanos y la gestión de sus recursos, en los últimos meses han llegado dos noticias que abren la puerta a la esperanza. Pero también otra mala que demuestra la indefensión de los mares y la indiferencia de los políticos cuando se trata de su protección.

Una de cal

En los últimos años, la sociedad se ha acostumbrado a que los políticos lo hagan todo mal, algo que en muchas ocasiones es así. Pero cuando en el verano de 2013 los ministros europeos de Medio Ambiente aprobaron la vigente Política Pesquera Común (PPC) hicieron hago muy positivo para los océanos, al menos sobre el papel.

Esta normativa europea de obligado cumplimiento, que entró en vigor en enero de 2014, sirve de marco para que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) desarrollen sus políticas pesqueras nacionales, y viene a decir, entre otras cosas, que la flota pesquera europea es desproporcionada y que es necesario reducirla, ya que no hay suficientes peces para tantos barcos y tan grandes. Además introduce criterios sociales, y otorga acceso prioritario a los recursos a aquellos pescadores que pescan de forma sostenible.

La norma surge ante la grave situación que viven los mares europeos, donde, por ejemplo, el Mediterráneo está sobrexplotado en un 90%.

Lamentablemente, un año después de la entrada en vigor de esta política pesquera, poco o nada se ha avanzado. Un análisis de Greenpeace pone de manifiesto que los países firmantes tienen aún un gran trabajo por delante y destaca especialmente a España, Portugal, Francia y Polonia por ser los que menos han hecho para implementar la Política Pesquera Común. El estudio revela que ninguno de ellos ha comenzado a evaluar su capacidad pesquera –como primer paso para poder reducir el exceso de flota– ni tampoco han hecho nada para dar acceso prioritario a los pescadores sostenibles.

También destaca que la opacidad sigue siendo un elemento extendido en la forma de actuar de la mayoría de países, ya que solo Dinamarca, Alemania, Italia y Países Bajos ofrecen acceso a la información sobre cómo están actuando para implementar la PPC. Para Greenpeace, esto demuestra que de poco valen los acuerdos firmados y compromisos alcanzados si no hay voluntad de ponerlos en marcha.

Una de arena

Sin embargo, no solo malas noticias llegan de los océanos, y hay lugar para el optimismo tras los registros realizados por la Policía Nacional en la empresa Vidal Armadores S.A. Esta compañía pesquera había sido condenada siete veces y recibido multas por un importe superior a los tres millones de euros, lo que no había evitado que operara con cierta impunidad e incluso obtuviera 16 millones en subvenciones.

La empresa con sede en Ribeira (A Coruña), cuyas actividades eran ampliamente conocidas, vio cómo los agentes clausuraban dos de sus oficinas en el marco de la operación Sparrow, abierta tras el último escándalo de la compañía en aguas de la Antártida. Como si de una película se tratara, las autoridades de Nueva Zelanda persiguieron durante días a tres barcos acusados de pesca ilegal, entre ellos el Shongua, que según los investigadores sería el Paloma V, uno de los barcos del grupo Vidal detenido ya en 2008 también por otro caso de pesca ilegal. Estos hechos, han dado la voz de alarma en el sector, y se interpretan como una advertencia por parte del Gobierno de que los años de impunidad de ciertas empresas del sector están llegando a su fin.

Y otra de arena

Desde las salas de reuniones de la ONU en Nueva York llegaba otra noticia que da esperanza al futuro de los océanos: un acuerdo para proteger las aguas internacionales.
El compromiso adquirido por todos representares de la ONU a primeros de año supone un gran paso para que las aguas marinas más allá de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva de cada país, es decir, las que no pertenecen a nadie, sean gestionadas de forma sostenible. El acuerdo, que necesita definir una serie de estándares globales para la protección de todas estas aguas, parte de una propuesta de Greenpeace para proteger el 40% de los océanos del planeta.

Todos los expertos ven en este modelo una gran oportunidad para el futuro de los océanos aunque consideran que ahora comienza la parte más dura y complicada: la de que por encima de los intereses nacionales prime el sentido común y que el acuerdo no quede en papel mojado. No obstante, numerosos expertos hacen hincapié en que algo está cambiando y que las voces de alarma de los científicos y organizaciones ecologistas sobre la precaria situación de los mares, están llegando, lentamente, a los oídos de los políticos.