Toda la oposición está en contra de la ley, pero no importa: la protesta pacífica molesta al Gobierno

Jueves, 16 de octubre de 2014. Tres escaladores de Greenpeace aparecen en lo alto de un edificio frente al Congreso de los Diputados. Se disponen a desplegar una pancarta de casi 200 m2 con un lema muy claro: “NO a la Ley Mordaza”. O lo que es lo mismo: no a la Ley de Seguridad Ciudadana. A la misma hora, dentro del Congreso, los diputados votan las enmiendas a la totalidad de la ley. Toda la oposición está en contra, pero no importa: la protesta pacífica molesta al Gobierno, que está dispuesto a llevar la ley hasta el final y por la vía rápida. La ley sale adelante.

Un par de meses antes, en julio, escalábamos el mirador conocido como Faro de Moncloa con el mismo lema. Enfrente del mirador, en el Palacio de la Moncloa, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana antes de pasarla al Congreso.

La ley, que ha sido criticada por jueces, abogados, policía y numerosas ONG, busca imponer sanciones indiscriminadas a toda forma de protesta pacífica. A Greenpeace –como a tantas otras organizaciones, movimientos civiles e incluso a cualquier ciudadano que haga uso de su derecho a protestar– le afectarían de lleno esas sanciones. Nuestra organización usa la protesta pacífica como método habitual para denunciar abusos al medio ambiente, y la nueva ley ahogaría nuestro futuro entre cuantiosas multas.

No queremos una ley que restringa el derecho a la protesta pacífica. No queremos la Ley Mordaza.