“Hacía tiempo que no sentía tanta emoción”. Así se expresaba una mujer mayor mientras contemplaba cómo dos escaladores de Greenpeace se descolgaban con una pancarta gigante del llamado “edificio España”, en una céntrica plaza de Madrid con el mismo nombre. De la planta 18 veía caer 300 metros cuadrados de tela amarilla con un lema: “No a la #LeyAntiProtesta”. La mujer formaba parte de un grupo de cerca de 2.000 personas que ese día, el 23 de noviembre, se habían concentrado para protestar contra los recortes. Y entre los “recortes” se encontraba el del derecho a la protesta, recogido en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ya ha sido aprobado en Consejo de Ministros.

Este anteproyecto incluye una multitud de “infracciones”, entre ellas la desobediencia civil o la escalada o precipitación desde edificios como vía de protesta. También contempla como “muy graves” las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares como centrales nucleares, incluyendo entrar en sus recintos o sobrevolarlos. Este tipo de actos pueden llegar a acarrear 600.000 euros de multa.

La protesta pacífica ha conseguido grandes avances.

La discrepancia y la protesta pacífica han sido históricamente grandes vías para conseguir avances sociales y medioambientales. Cuando, en 1982, poníamos nuestras zodiacs debajo de bidones radiactivos que se lanzaban al mar en la fosa atlántica, estábamos haciendo una acción de protesta. En 1993 se lograba la prohibición de esta práctica. Son incontables los ejemplos de protestas que han acabado en victorias, en cambios de leyes injustas o en la creación de leyes de protección del medio ambiente.

Para Greenpeace esta Ley pretende ahogar las voces discrepantes a través de multas y saltándose el control judicial previo. La pancarta de más de 300 metros cuadrados solo ha sido el inicio de una campaña para pedir la retirada de esta ley. “El Gobierno ahoga de un plumazo la discrepancia y la protesta, demostrando así su temor a las libertades. Se habla de una nueva transición política hacia una mayoría silenciada más que silenciosa”. Así define la Ley Sara del Río, portavoz de Greenpeace España.

Laura Pérez Picarzo es directora de Comunicación en Greenpeace España. @laurapicarzo