“Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”, declaraba Abel Matutes, que tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de salinas en Ibiza y 25 salinas en la Bahía de Cádiz.
Greenpeace ya lo denunciaba en su último informe Destrucción a Toda Costa, poniendo rostro y precio a la mala gestión costera. Lo advertimos al ministro Cañete, en las puertas de su ministerio, con una acción en la que instalamos una playa privada con tonelada y media de arena y activistas en bañador. También realizamos un documento de alegaciones que fue la base de la oposición de todos los partidos políticos, la reforma la han denunciado juristas, periodistas... incluso creamos una plataforma que reunió más de 7.500 adhesiones, organizaciones y entidades que se oponían al proyecto, con un día de acción global en defensa del litoral en 22 playas de todo el país.
Pero sin duda, uno de los trabajos más arriesgados y pioneros que Greenpeace ha hecho al respecto fue la elaboración de la investigación que analizaba los posibles intereses privados y ocultos del Partido Popular tras la reforma de la Ley de Costas: el polémico informe Amnistía a la destrucción. En él, la organización desglosaba punto por punto qué y quién sale beneficiado con esta nueva ley que, entre otras incoherencias, no contempla los graves efectos del cambio climático en la costa española (subida del nivel del mar, incremento de los temporales, inundaciones y la erosión).
“Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”, declaraba Abel Matutes, ex ministro de Exteriores del PP, presidente de la mesa de Turismo y dueño del Grupo Matutes, que tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de salinas en Ibiza. También posee 25 salinas en la Bahía de Cádiz o la empresa Aquacria de Arousa. Premio para Matutes, ahora que las “actividades de cultivo marino o salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables”, como dicta la nueva Ley. Beneficia también a Gabriel Cañellas, ex presidente de Baleares y presidente de Salinera Española S.A., con propiedades también en dominio público en Ibiza, Murcia y uno de los núcleos amnistiados por Cañete: la isla de Formentera.
El escándalo Bárcenas ha puesto sobre la mesa a otro de los “agraciados” con la nueva ley de Costas, el ex ministro Villar Mir (que está entre aquellos que supuestamente realizaron pagos al PP, como publicó El País). El Grupo Villar Mir posee empresas asentadas sobre los márgenes de diferentes rías, entre otras, Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria). Estas industrias en dominio público marítimo-terrestre se ven muy beneficiadas por los recortes de protección de la nueva Ley de Costas. Además, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejería, a las órdenes de Arias Cañete, es la ex directora de Planificación de una de esas empresas: Fertiberia.
Por último, Greenpeace relacionaba los posibles intereses de constructores muy ligados con el PP. Por ejemplo, Bautista Soler, promotor de diez edificios en la playa de la Patacona (Alboraia, Valencia), que podría verse beneficiado de la disposición adicional tercera por la que los terrenos situados detrás de un paseo marítimo podrán ser privados. Bautista Soler es socio y amigo de otros empresarios del ladrillo como el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, o Joaquín Rivero, relacionado con una polémica promoción en Puerto Sherry (Puerto de Santa María, Cádiz) en primera línea de mar sobre terrenos vírgenes. Todos ellos han estado relacionados junto a Arias Cañete en la inmobiliaria Bami Newco, de la cual el ministro conserva una acción.
Cospedal, tras el eco de algunos medios de comunicación a nuestro informe, ha demandado a Greenpeace por vulneración al derecho de su honor a través de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Qué es exactamente lo que tanto molesta a la secretaria general del Partido Popular? ¿El informe de Greenpeace o que nuevamente se cuestionen los lobbys a los que cede su partido?
Detrás del proyecto de reforma de Ley de Costas hay, sin duda, muchos nombres y apellidos que han pedido o colaborado directamente para convertir esta normativa en un texto alejado de la protección ambiental y muy favorable a algunos intereses privados. Aunque aún le queda una vuelta al texto en el Senado, seguiremos ojo avizor. A Greenpeace ningún lobby ni ninguna amenaza le basta para contar la verdad y denunciar lo que será un desastre ecológico irreversible para nuestro litoral.