“Me uno a Mariano porque me encantan los 2.800 millones que gana mi empresa cada año”. Así de contundente se mostró el activista de Greenpeace que representó a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en la representación del enlace entre compañías eléctricas y representantes del Gobierno.
Fue la manera que eligió Greenpeace en el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, para denunciar la connivencia existente entre altos cargos de la Administración y las compañías, puesto que, durante el ejercicio de su cargo, deciden normativas que afectan directamente a los beneficios de las empresas. Y más tarde pasan a formar parte de la plantilla de las compañías. Ha ocurrido con Felipe González, ex presidente del Gobierno y ahora consejero de Gas Natural Fenosa. También con José María Aznar, igualmente ex presidente y ahora asesor de Endesa.
En el caso de Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno, está aprobando reales decretos y demás normativas que debilitan a las energías renovables en España. Casualmente es lo que Sánchez Galán reclama desde hace unos años porque así continúa obteniendo beneficios del negocio de Iberdrola: el gas, el carbón y el uranio.
Para exponer públicamente que la empresa que utiliza los valores positivos de las renovables en su publicidad, en realidad, está preocupada porque sus centrales de gas están paradas, activistas de Greenpeace acudieron a su sede a desplegar pancartas con un mensaje claro: Iberdrola, enemigo de las renovables.
“Iberdrola, enemigo de las renovables”.
Este fue el lema de la pancarta de 240 metros con la que un grupo de escaladores de Greenpeace se descolgaron en la fachada de la empresa energética, el pasado mes de junio, en Madrid. Al poco tiempo trabajadores de Iberdrola la rompieron. Aún así, la acción pacífica de denuncia continuó con los activistas que portaban otras pancartas con igual lema.
Con esta acción Greenpeace quiso hacer llegar directamente a los responsables de la compañía eléctrica el mensaje de que Iberdrola ataca a las energías renovables con el objetivo de proteger su negocio de energía sucia, y para ello utiliza toda su red de influencias políticas para lograr una legislación favorable a sus intereses.