Blindar los derechos humanos, cambiar la Constitución, ese es el objetivo de la campaña iniciada hace unos meses por Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón. Las tres organizaciones, y las más de 60.000 personas que han apoyado con sus firmas la petición, han exigido a los políticos que se comprometan con la protección de derechos en la carta magna. La clave está en cambiar el artículo 53, de este modo, las personas estarán mejor protegidas y todos los derechos tendrán las mismas garantías, sin clases ni jerarquías.
Vivienda adecuada, ingresos mínimos, acceso a la salud, un medio ambiente saludable… son derechos fundamentales que no deberían depender de decisiones políticas del momento sino que es necesario que estén amparados legalmente, al igual que lo está, por ejemplo, el derecho a la educación.
El hecho de que la Constitución no proteja suficientemente los derechos humanos, hace que se creen derechos de primera y de segunda. Esto tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre por ejemplo la degradación ambiental, la falta de acceso a la vivienda o a la salud sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales. No se trata de un mero trámite, afecta directamente a miles de personas, dentro y fuera de nuestras fronteras, proporcionándoles amparo y protección legal.
Las tres organizaciones piden una reforma constitucional, apoyada por los partidos políticos y la sociedad civil, para fortalecer así su capacidad como herramienta de protección de los derechos humanos. Pretenden que se modifiquen de 24 disposiciones, basándose en precedentes en el derecho internacional y en otros textos constitucionales de otros países.
Para Greenpeace, que tiene como objetivo un planeta verde y en paz para las generaciones presentes y futuras, es fundamental establecer un modelo de desarrollo socialmente justo, económicamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En este contexto, no sería posible alcanzar este modelo sin que se blinden los derechos humanos, incluido el medio ambiente.
En España, los incumplimientos de la normativa ambiental resultan tan frecuentes que puede hablarse de un problema estructural, no anecdótico ni coyuntural. Al no poder ser reclamado directamente ante los tribunales, muchos de estos incumplimientos quedan sin respuesta.
Tras meses de trabajo, recogida de firmas, presencia en la calle de los grupos de voluntariado, y reuniones políticas al más alto nivel se han conseguido importantes avances. La mayoría de los principales partidos políticos, menos el PP, incluyen una protección más adecuada de los derechos humanos y libertades de las personas en sus propuestas de reforma constitucional y están dispuestos a seguir dialogando con las tres organizaciones. Resultados positivos pero aún insuficientes para asegurar que nuestros derechos están correctamente protegidos.
A pesar de la falta de concreción sobre las reformas que los partidos piensan abordar y de que el PP no recoge en su programa electoral reforma constitucional alguna, se está trabajando en la dirección correcta. Las tres ONG consideran que todavía hay tiempo para que se materialicen estas propuestas. En la próxima legislatura, Amnistía, Greenpeace y Oxfam estarán dispuestas a trabajar con el nuevo Gobierno y los partidos políticos para que esa protección esté garantizada.
Trabajar juntos para que Rosa, Ismael, Beatriz o Luis puedan contar con protección legal que mejore su situación y su calidad de vida. Para que no existan más situaciones de desamparo institucional, de vacío legal y contar con una Constitución que, de verdad, garantice los derechos de sus ciudadanos.
¿Cómo se quiere reformar la Constitución?
Entre otras cosas, las tres ONG piden que la Constitución:
• mejore la protección del derecho al medio ambiente saludable;
• garantice el derecho de reunión pacífica incluso en los casos donde la comunicación previa no es posible;
• garantice los derechos de acceso a la información y de participación democrática;
• regule el contenido mínimo del derecho a la vivienda y a la salud;
• incorpore un derecho a la renta básica que garantice unos ingresos mínimos;
• incorpore obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras como la obligación internacional de cooperar para el desarrollo con otros países, la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas.
Marta San Román
Responsable de Comunicación