“Espero que mi hijo se sienta orgulloso cuando sepa que su primer viaje fue por defender el medio ambiente”

Un mar lleno de peces y vacío de plásticos, un mundo que se mueva con la fuerza de las renovables, sin enfrentarnos a juicios por defender el medio ambiente... Con esto sueñan Marcelí, Sonia A., Nelia, Hernán, Nacho, Maite, Helena, Naxo, Sonia B., Amanda Luna, Raquel, Virginia, Auba, Araceli, Fausto, Vicenç. Son 16 activistas que este diciembre se han tenido que sentar en el banquillo de los acusados cual delincuentes por una protesta pacífica que llevaron a cabo el 15 de febrero de 2011 contra la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes (Valencia). En la misma situación se encuentra el fotoperiodista independiente que informó sobre aquella acción, Pedro Armestre.

La Fiscalía, Iberdrola y los guardias de seguridad de la central piden para cada uno de ellos dos años y ocho meses de cárcel por presuntos delitos de desórdenes públicos, daños y lesiones. Y todo por participar o informar de una acción pacífica que acabó con una pintada de “PELIGRO NUCLEAR” sobre una de las torres de refrigeración en la central nuclear valenciana.

“Un poquito de uno, un poquito de otro…y sí que hay cambios. Si no hubiera gente que se hubiera movilizado [a lo largo de la historia], seguiría habiendo esclavitud, las mujeres no podrían votar… Todos los avances sociales se han hecho a fuerza de que alguien levantara la voz y dijera >>hasta aquí<<, y otros le siguieran”, cuenta Sonia A., trabajadora social y una de los 17.

No quieren ser héroes, insisten en que son gente normal y corriente, personas que simplemente no quieren quedarse de brazos cruzados mientras observan cómo se destruye “lo que es de todos”, personas unidas por el compromiso en la defensa por el medio ambiente. Algo que va más allá de un convencimiento ético personal, porque la propia Constitución lo dice en su artículo 45.1: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.

Con el mismo convencimiento protestaron pacíficamente contra las prospecciones de Repsol en Canarias otros activistas. Cuando se aproximaron con sus botes desde el barco Arctic Sunrise de Greenpeace al buque Rowan Renaissance contratado por la multinacional petrolera para manifestar su rechazo al proyecto, lanchas de la Armada embistieron violenta y repetidamente sus botes, hasta el punto de provocar la caída al agua de una de las activistas. Resultó gravemente herida, tuvo que ser evacuada y ha pasado por dos operaciones quirúrgicas. Dos de sus compañeros también resultaron heridos (más sobre Canarias en páginas 18 y 19).

Además, el Ministerio de Fomento retuvo al Arctic Sunrise en Lanzarote tras el suceso e impuso un aval de 50.000 euros que Greenpeace se vio obligada a pagar para poder poner rumbo a Valencia y apoyar a los 17 de Cofrentes.

Greenpeace reivindicó su derecho constitucional tras el suceso en Canarias y a pocos días de que comenzara el juicio más duro al que se ha enfrentado la organización en sus 30 años de activismo pacífico en España. El 25 de noviembre desplegó una pancarta de 126 m2 en un viaducto en pleno centro de Madrid en la que se podía leer: “defender el medio ambiente, nuestro derecho y deber”. Esta es la misión que Greenpeace lleva desempeñando más de 40 años en el mundo entero. Como dice su director en España, Mario Rodríguez, “el activismo pacífico forma parte del ADN de Greenpeace”. Aún así, ahora podría tener que desembolsar otros 357.000 euros como presunto responsable civil subsidiario de aquella pintada en Cofrentes. La organización nunca ha eludido la Justicia, solo pide proporcionalidad.

“Una pena de cárcel de casi tres años y una enorme multa sería una clara violación de la libertad de expresión. Las leyes internacionales de Derechos Humanos exigen que cualquier limitación a esta libertad sea proporcionada a la que sea la amenaza, que en este caso es una pintada. ¿Casi tres años de cárcel por una pintada? Es claramente desproporcionado”, explica Stephanie Farrior, reputada abogada, exdirectora legal de Amnistía Internacional y actual directora del Centro de Derechos Humanos Aplicados de la Facultad de Derecho de Vermont (EEUU). “No puede salir más caro defender el medio ambiente que destruirlo”, añade Rodríguez.

Personas de carne y hueso

“Sé que para cambiar las cosas hay que pasar por momentos duros”

Han pasado casi cuatro años desde que los 17 accedieran al recinto de la central nuclear de Cofrentes, cuatro años en libertad condicional. Sonia A. pasó los primeros días tras aquella acción pacífica sin saber si iba a poder irse de luna de miel cuando se casara en mayo de aquel año, porque al principio los 17 debían presentarse cada quince días en comisaría. Finalmente no hubo problema.

Ahora, con un pequeño de tres meses, ha tenido que acudir al juicio con un oído pendiente de la sala de al lado, donde los llantos de su hijo avisaban cuando la necesitaba. Pero ella no se queja en ningún momento, agradecida por no tener que renunciar a amamantar a su bebé mientras la acusación esgrimía argumentos de presuntos delitos que la podrían llevar a ella y a otros 16 ciudadanos pacíficos, hombres y mujeres, a la cárcel. “Espero que mi hijo se sienta orgulloso cuando sepa que su primer viaje fue por defender el medio ambiente y forme parte de una sociedad más concienciada y respetuosa con el planeta”, dice Sonia tras el juicio. Sigue pensando que “la causa valía la pena como para haber pasado por todo esto y asumir lo que venga”. Igual que ella, sus compañeros.

El suyo es solo un ejemplo de la entereza y confianza con la que estas personas afrontan los cargos que pesan contra ellos con el juicio visto ya para sentencia. Vienen de todos los puntos del Estado y de realidades muy diversas. Marcelí trabaja en la construcción y es el mayor con 53 años recién cumplidos. Amanda Luna es profesora de música y cuando participó en aquella protesta tenía 20 años. Es la menor de todos. Hay también una psicóloga, un bombero, biólogos, una maestra, un instructor de buceo… insisten en que son personas normales que solo piden un medio ambiente sano y seguro para todos.
Pero también son personas comprometidas con otras causas sociales de su entorno. “Sé que para cambiar las cosas hay que pasar por momentos así [duros], sea por el planeta o por causas sociales”, cuenta Marcelí, que también forma parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sabadell.

Entre el juicio y los apoyos en Valencia

Cinco días de juicio en Valencia (4, 5, 9, 10 y 11 de diciembre), cinco días en los que los 17 de Cofrentes y Greenpeace no estuvieron solos. Cerca de 200 organizaciones y personalidades les han apoyado públicamente, con perfiles tan variados como la citada Stephanie Farrior; artistas como La Habitación Roja o Alejandro Sanz;  Premios Nacionales de Medio Ambiente y las ONG ecologistas; la plataforma ciudadana No Somos Delito o Ingeniería Sin Fronteras.

El Arctic Sunrise permaneció atracado en la ciudad del Turia durante los días del juicio. Más de 4.200 personas visitaron el rompehielos, convertido ya en símbolo del activismo pacífico, después del suceso en Canarias y la detención de otros 28 activistas y dos periodistas en Rusia tras otra protesta pacífica contra las prospecciones de Gazprom en el Ártico hace un año.

El 6 de diciembre, día de la Constitución, Greenpeace celebró el derecho y el deber de defender el medio ambiente consagrado en la Carta Magna con el Festival Greenpeace #Misión45. En uno de los días más fríos que ha vivido Valencia este otoño, el muelle norte de la Marina Real Juan Carlos I se llenó de pequeños y mayores que a pesar de las bajas temperaturas quisieron participar en actividades, espectáculos y conciertos organizados en apoyo a los 17.

“¿Solo 17? ¡Somos muchos más!”, asegura Nelia, otra activista encausada por Cofrentes, reconfortada por todos los apoyos recibidos. “Todos los apoyos hicieron que cada jornada del largo juicio me sintiera recogida y acompañada. Gracias a ellos no siento miedo, sino orgullo de que en mi voz esté recogido un poquito de su mensaje”.
La alegría por los apoyos se entremezcla con el enfado que no pueden evitar sentir al ver que la central nuclear de Cofrentes continúa abierta a pesar de haber llegado al final de su vida de diseño, con 30 años ya. “Si hay otras alternativas, ¿por qué tiene que ser la energía nuclear? Es sucia e insegura”, recuerda Helena.   

En el caso de Cofrentes aún no aplicará la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, pero sin ella la experta abogada Stephanie Farrior ya detectó intentos de criminalizar la protesta pacífica en España. Co-autora del reciente informe A darker shade of green sobre las amenazas a las que se enfrentan los defensores de los derechos ambientales se enfrentan en Europa y Asia Central, Farrior afirma:

“Los 17 de Cofrentes representan una tendencia mundial para criminalizar la protesta pacífica, incluso en Europa Occidental. En países como Reino Unido, Francia o España los gobiernos han empleado cargos penales contra protestas pacíficas, sentencias desproporcionadas... medidas que merman claramente la libertad de expresión y el debate sobre asuntos medioambientales”.

Los 30 del Ártico, los activistas de Canarias, los 17 de Cofrentes… activistas pacíficos por el medio ambiente, ciudadanos y ciudadanas corrientes convertidos en referentes del ecologismo a su pesar, y orgullo de Greenpeace. “No nos callarán. Ni con amenazas de cárcel, ni con multas millonarias, ni con embestidas o leyes mordaza. El único delito que ha cometido Greenpeace ha sido defender el medio ambiente, algo que lleva haciendo más de 40 años en el mundo entero. Las compañías que degradan el medio ambiente y los gobiernos que lo permiten no lo van a conseguir, por mucho que nos traten de amedrentar”, asegura el director de la organización.