En el momento en que se escribe este artículo, este verano es ya el peor de los últimos años: aunque el número de incendios es hasta la fecha menor que la media de la última década, la superficie quemada superaba las 177.000 hectáreas, 73.000 de las cuales era superficie arbolada.

Pero la mayoría de la superficie afectada ha ardido en pocos días, en un número reducido de incendios, provocando la pérdida de valiosos ecosistemas y medios de vida de la población rural y, además, generando un grave problema de alarma social al verse afectadas zonas densamente pobladas o con afluencia de turistas. También, hay que lamentar las ocho víctimas mortales entre trabajadores implicados en tareas de extinción y personas que huían del fuego.

Estos pocos incendios, denominados GIFs (Grandes Incendios Forestales) en la jerga de los especialistas, son los que afectan a una superficie superior a las 500 hectáreas y son los responsables de la gran alarma social generada por los incendios forestales. Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hasta el 2 de septiembre se habían producido 33 GIFs, responsables del 73,5 % de la superficie quemada.

La superficie forestal española, pese a ocupar más de la mitad del territorio nacional y cumplir un papel relevante en las funciones de suministrador de bienes y servicios, sigue marginada en la agenda política y en los presupuestos. 

La explicación a lo que ha pasado este verano no es sencilla, aunque no es la primera vez que tenemos una crisis de fuegos forestales como esta y, lamentablemente, no será la última. La metereología no explica el origen del fuego, pero sí su virulencia y la enorme dificultad de los trabajos de extinción. Durante este verano excepcionalmente cálido y seco se han producido un número inusual de olas de calor y se han batido registros de temperatura máxima y mínimas en numerosas estaciones meteorológicas. Cuando los incendios se producen en estas condiciones, un simple accidente puede dar lugar a un inabordable GIF con resultados como los que hemos visto en el Ampurdan (Girona).

El verano también nos ha dejado un paisaje de políticos urgidos a dar respuestas fáciles y populistas. Hemos vuelto a escuchar la cantinela del endurecimiento de las penas a los responsables de incendios forestales, la queja de que los montes no están limpios y hasta que la culpa la tienen los ecologistas porque no quieren hacer cortafuegos.

Claro que hay que perseguir y condenar a los responsables. Greenpeace lleva décadas pidiéndolo. Pero nunca nadie ha sido condenado a la pena máxima, 20 años. Coincidimos con las Fiscalías de Medio Ambiente en que el problema no está en las penas, sino en la carencia de medios de las fiscalías y la dificultad para encontrar pruebas incriminatorias que permitan encausar a los sospechosos. Hace falta mucha educación y mucha pedagogía, tanto en el medio rural como en el medio urbano, para atajar la enorme lista de causas de incendio forestales.

Pero lo que Greenpeace y una gran parte del sector forestal viene reclamando desde hace tiempo es una nueva mirada hacia nuestros montes. La superficie forestal española, pese a ocupar más de la mitad del territorio nacional y cumplir un papel relevante en las funciones de suministrador de bienes y servicios, sigue marginada en la agenda política y en los presupuestos. El sector forestal es un gran yacimiento de empleo y tiene un enorme potencial dentro de una futura economía verde, pero no cuenta con el apoyo institucional necesario para convertirse en un sector estratégico que combine la fijación de empleo y el equilibrio territorial con el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en amplias regiones, afectadas hoy en día por la falta de alternativas económicas. Más trabajo, más gente, más valor del monte... significa a corto y medio plazo menos incendios.

¿Quieres saber más? Consulta todos nuestros informes sobre incendios en www.greenpeace.es

Miguel Ángel Soto
Responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España
@nanquisoto