Si la crisis económica nos ha obligado a leer e intentar comprender los actores y la lógica de la economía, el recorte de derechos sociales nos está obligando a aprender de leyes y de derechos. Y nunca antes un paquete de reformas legislativas tan especializado ha generado un debate social tan amplio.
Acción de Greenpeace en el edificio España en Madrid contra la Ley Anti Protesta.
Este encendido debate sobre la Ley de Tasas (aprobada), la reforma del Código Penal (en curso) o el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, se produce, entre otras cosas, porque las organizaciones sociales han caído en la cuenta de que está en juego nuestro derecho a la disidencia; por otra, existe la convicción de que después de esta reforma hay una vuelta de tuerca más en los recortes sociales y laborales, y supone, por tanto, un intento claro de disuadir a los colectivos afectados de utilizar sus derechos fundamentales recogidos en la Constitución. La presunción de inocencia y la ciudadanía como objeto de derechos, se pretende trastocar por la presunción de veracidad de la policía y por un concepto de seguridad y orden público propio de épocas pasadas.
Greenpeace se opone al concepto de criminalización de la protesta pacífica que inspira este paquete de reformas. Y somos uno más dentro de una sociedad que clama contra este despropósito.
Un ejemplo de ello son los informes y posicionamientos que están tomando los organismos oficiales, que el Gobierno ha de tener en cuenta antes de aprobar finalmente una ley, aunque no esté obligado a admitir sus sugerencias. La semana pasada, por ejemplo, veía la luz un informe del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano judicial de España, que ha sido especialmente contundente declarando varios artículos del anteproyecto como inconstitucionales. El Consejo Fiscal también se ha mostrado crítico el anteproyecto de ley, y hasta la Agencia Nacional de Protección de Datos ha puesto en cuestión el anteproyecto por la creación de un registro central de infracciones. Todavía queda por ver el dictamen del Consejo de Estado.
Desde las bases sociales el descontento también es manifiesto. Son muchas las plataformas que han surgido desde los movimientos sociales en varios lugares de la geografía del Estado oponiéndose a estas reformas legislativas, como No Somos Delito y la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social, en Madrid, la Plataforma Desobediencia 2014 en Barcelona o la organización 'Juntes sense por' en Valencia, entre muchas otras. Desde que el Gobierno empezó a presentar este paquete de reformas penales ya se han convocado decenas de manifestaciones contra su tramitación en las que se han movilizado miles de ciudadanos.
La sociedad civil, preocupada por los riesgos para los derechos fundamentales de la reforma del Código Penal, se ha posicionado en contra: Amnistía Internacional ha elaborado un informe con recomendaciones de cambios al proyecto de Ley durante su tramitación en el Congreso; también se suman la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo o Avaaz, que ha reunido más de 250.000 firmas, entre otras muchas organizaciones.
En el Parlamento, el Gobierno tiene la mayoría absoluta, pero se ha quedado solo. Toda la oposición, desde el PSOE hasta CIU y PNV pasando por Izquierda Plural, BNG, Amaiur, Compromís y UPyD han mostrado sus objeciones a estas leyes, ya sea de manera total o parcial. Aunque con matices, y en función del color de la formación política, existe una preocupación común sobre los riesgos de que estas leyes vulneren los derechos civiles y las libertades políticas fundamentales, y que la reforma tenga como objetivo acallar el descontento masivo por el empobrecimiento y el retroceso social que estamos viviendo.
Pero las voces críticas no vienen sólo de los movimientos sociales, las organizaciones, la oposición y los sindicatos, clásicos grupos críticos a cualquier gestión del gobierno. Catedráticos de derecho, reconocidos juristas de todo el Estado, asociaciones de juristas están haciendo declaraciones permanentes sobre cómo estás reformas vulneran derechos fundamentales. Algunos ejemplos son Jueces para la Democracia, La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria o el Foro Judicial Independiente. También los colegios de abogados de Madrid, Barcelona y Málaga y de otras ciudades se están posicionando. Si todos los profesionales que saben de leyes critican estas reformas…¿nos escuchará el gobierno?
¡Hasta la misma policía ha sido crítica con la ley mordaza! Desde algunas declaraciones del Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, que ha admitido (contradiciendo la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Ciudadana) que la ley no es una demanda ciudadana, hasta algunos sindicatos de la Policía Nacional. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, considera que las futuras leyes de Seguridad Ciudadana y Seguridad Privada, son “innecesarias” y que no pueden justificar en las “cuatro manifestaciones violentas que hay en España o en la necesidad de imitar a otros países europeos con más vigilantes privados pero más inseguros que España”.
¿Quién apoya estas reformas? Tan sólo el partido en el Gobierno y, parcialmente, algún partido nacionalista en el Congreso. Alguna asociación de empresarios. Pero el conjunto mayoritario de la sociedad no. Tantas voces discrepantes, sin miedo y sin mordaza, están enfrentándose al Ejecutivo, que cada vez está más aislado y sin apoyos. Seguiremos buscando más aliados, más diversos, más contundentes, que se sumen a esta lucha por nuestros derechos fundamentales, derechos que garanticen una sociedad sana la libre expresión y la capacidad de disentir formen parte de la cotidianidad.
Pablo Chamorro (@supacham) y Miguel Ángel Soto (@NanquiSoto), campaña de Ley Anti Protesta de Greenpeace
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